¿Habrá una supercomisión?

La forma exacta de organización del trabajo durante la convención genera, al menos inicialmente, grados mayores de consenso. Lo más posible es que se tome como referencia la fórmula de las comisiones que se realiza en el Congreso. De hecho, desde la oposición se levantó la propuesta de fijar un plazo para acordar un reglamento y que, en caso de que eso no ocurriera, se aplicara el de la Cámara de Diputados, pero se rechazó por parte de Chile Vamos, entre otras cosas, porque eso genera un mayor incentivo a la negociación y el entendimiento entre ambas partes.

Las dudas vienen en lo referente a las revisiones finales. Expertos como José Francisco García -que representó a Evópoli en la mesa técnica- han levantado el punto de que el cuerpo que salga sea coherente. Algo que perfectamente podría no pasar si cada comisión aprueba su trabajo por separado, y si, además, no existe jerarquía formal o tácita entre las distintas instancias, como ocurre hoy en el Congreso, donde los temas más complejos terminan en las comisiones de Constitución y Hacienda de las cámaras, o en las comisiones mixtas.

Así, entre quienes siguen el tema se habla de que exista una comisión armonizadora, que en alguna instancia cercana al final del trabajo sea la que revise este punto y, eventualmente, proponga una versión de cierre a partir de lo aprobado. Nuevamente, crear esto depende de si es acordado en el reglamento de la convención constitucional.

Esto podría, además, ayudar a salvar un punto polémico. Aun cuando la mesa técnica fue explícita en señalar que el acuerdo entre los partidos no incluye que se realice una votación final del plenario para aprobar la nueva Carta Magna por dos tercios de los votos -como lo planteó el senador RN Andrés Allamand-, también sus integrantes reconocen que nada impide a la convención fijar una norma así.

Con todo, la mesa técnica sí aplicó una salvaguarda en los puntos acordados: resolvió la creación de una secretaría técnica, que, según se lee en la reforma constitucional, debe ser integrada por figuras de destacada trayectoria. El espíritu es que desde ese lugar se coordine un trabajo parecido al que realizan hoy los secretarios de comisiones del Congreso, que justamente están pendientes de la consistencia de las normas y de apoyar a los parlamentarios para que la legislación que salga no sea incoherente con el resto del ordenamiento jurídico.

¿Hasta dónde llega el quórum de dos tercios?

La anécdota se repite en boca de distintos abogados, historiadores y expertos constitucionalistas. Y remite a 1925, cuando, en pleno proceso de discusión de una nueva Carta Magna para Chile, la instancia encargada de redactarla no logró llegar a un acuerdo sobre los procedimientos: de hecho, se demoró tanto que, paradójicamente, el contenido de la Constitución estuvo listo antes de que se lograra resolver el reglamento por el que supuestamente debía dársele forma.

Noventa y cinco años después, hay una diferencia relevante. La importancia del "día uno" de la eventual convención constituyente es un tema que está sobre la mesa. Hay un aspecto práctico: tanto el acuerdo de los partidos políticos firmado en noviembre como las reformas aprobadas tras el trabajo de la mesa técnica apuntan a que, en concreto, será la propia instancia la que deba resolver casi la totalidad de sus procedimientos.

Pero eso no quita que haya puntos que desde ya están siendo analizados. El más relevante es cuál es el alcance exacto del quórum de dos tercios que está fijado para la aprobación de las normas y el reglamento de la instancia. Esto, porque si bien todas las partes coinciden en que el espíritu es que se debe aplicar ese porcentaje en algún momento antes de que el documento sea sometido a votación, no hay unanimidad en que el día a día de la convención deba regirse también por esa ponderación.

Las posturas se ordenan siguiendo la lógica del espectro político: quienes están más hacia la izquierda apuntan a quórums más flexibles en determinados momentos, mientras desde el mundo de la derecha se ve como ideal que el máximo de procedimientos quede bajo ese quórum general.

El ejemplo más concreto es el del trabajo de eventuales comisiones. ¿Podría un borrador inicial ser aprobado por mayoría y que luego una instancia de plenario sea la que ratifique esa norma por dos tercios? Esa pregunta, y otras similares -como cuáles serán los eventuales requisitos de número para pedir sesiones o convocar invitados-, solo quedarán despejadas con el reglamento que elabore la convención.

Hay, eso sí, una excepción, que quedó consagrada en la reforma constitucional. El día en que se realice la instalación, se procederá a votar para elegir un presidente y un vicepresidente. Según acordó la mesa técnica y fue ratificado por los partidos, en ese caso se necesitará la mayoría absoluta (50% más uno de los integrantes) para la elección, algo que fue consensuado para dar un mínimo margen operativo inicial.

Pero desde ese punto en adelante, la tarea de resolver el detalle exacto quedará en manos de la convención. Y el tema reglamentario no es menor. Cristina Escudero, académica del Inap que ha estudiado las asambleas constituyentes en el mundo y que integró la mesa técnica, recuerda que en Bolivia ese tema tensionó de tal manera a la instancia que derivó en protestas.

¿Cómo será el tema operativo?

El lugar de sesiones es un punto, ya que debe combinar distintos factores. El viernes, La Tercera PM reveló que figuras como el constitucionalista Patricio Zapata plantean que se podría establecer un centro de operaciones en Talca u otra ciudad que no sea Santiago ni Valparaíso. Sin embargo, cualquier sitio requerirá del acuerdo para poder ocuparlo durante un año completo como base de operaciones. Por ahora, el que lidera esa carrera es el recinto de Cerrillos que iba a albergar a la COP25, dando probablemente libertad para que parte del trabajo sea en regiones.

Pero ese está lejos de ser el único tema a resolver. De hecho, el que aparece como crucial es el de las asignaciones que se establecerán, tanto por asuntos como el desplazamiento de los integrantes como por eventuales asesorías que se puedan solicitar. La mesa técnica estableció que los miembros de la convención sí tendrán derecho a asignaciones, pero que sus montos y alcances los resolverá un comité externo, que solo podrá ser designado posterior al reglamento. Algo que también es un incentivo para la resolución rápida de este asunto. "El reglamento de funcionamiento es la tarea del futuro, no sé si de esta comisión o de otras, pero definitivamente de la academia y de la política", dijo este miércoles en un foro Sebastián Soto, constitucionalista muy cercano a La Moneda y otro de los integrantes de la mesa técnica.

¿Y la participación ciudadana?

El día inicial debiera ocurrir en la primera quincena de diciembre de 2020. Quien lo fijará será el Presidente Sebastián Piñera, luego de recibir el acta oficial con la elección de los integrantes de la convención constituyente. El Mandatario, además, tendrá la prerrogativa de fijar el sitio para la sesión inicial, y, de no hacerlo, esta se realizará en el Congreso Nacional en Valparaíso. Pero luego de eso, las certezas son escasas.

La inquietud ya está presente, y eso se nota. De hecho, este miércoles fue un día agitado: tres foros, en pleno enero, abordaron los desafíos que se vienen en este tema, todos con presencia de algunos de los 14 miembros de la mesa técnica. Y dentro de los puntos a resolver hay uno en el que hay coincidencia: la participación ciudadana a lo largo del proceso, ya sea convocando a organizaciones de la sociedad civil a las deliberaciones o incluso con despliegues masivos para tomar la opinión de la gente.

El debate del reglamento promete ocupar buena parte del año. Los centros de estudio están convocando a reuniones y encuentros. La única claridad es que el plazo clave comenzará a correr a fines de octubre, el día después de las eventuales elecciones a la convención: ahí, hay un plazo de 45 días antes del inicio de sesiones. "Es bueno iniciar una discusión, pero es la convención la que tiene que darse sus reglas internas. No corresponde ponerles reglas de antemano", dice Claudia Heiss, académica de la U. de Chile y representante de RD en la mesa técnica.