Para Nelly Huaiquin (24 años) el 21 de noviembre fue un día como cualquier otro en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Rancagua. A las 9.00 salió de su celda, fue al patio, miró el piso de cemento, conversó con algunas internas para matar el tiempo y a las 17.00 volvió al encierro. Pese a que cuenta con derecho a voto, e incluso tiene asignado un local de votación en la comuna de El Bosque, recién a las 21.00 se enteró del resultado de la primera vuelta presidencial. Hoy, junto a las 134 mujeres con las que comparte prisión, se prepara para la misma rutina.

–No tengo tele, entonces nos enteramos del resultado en el comedor. Ahí recién supe que fue un empate entre Boric y Kast, ahí me enteré de lo que pasa en Chile. Yo tengo derecho a voto y me encantaría poder ejercerlo. Acá en el módulo hay dos internas que saben de esos temas y nos sentamos a escucharlas cuando no tenemos nada más que hacer–, comenta Huaiquin.

Condenada a 300 días por hurto en un supermercado, Nelly Huaiquin no ha perdido su derecho a sufragar. Según la Constitución, sólo se suspende el derecho a voto a quienes cumplen condena por pena aflictiva (superior a tres años) o terrorismo.

Según la estadística de Gendarmería, el 29 de octubre en Chile había 12.700 personas privadas de libertad que no tienen el derecho a voto suspendido, pero que no pudieron ejercerlo por encontrarse en prisión. Lo que equivale al 28% de la población penal actual en cárceles (45.785). Dentro de ellas hay imputadas y otras, como Huaiquin, que no están condenadas a pena aflictiva.

Por el mismo motivo, el 9 de noviembre la Corte Suprema emitió un fallo a favor de 147 internos del CCP de Colina II y ordenó que el Servel debía adoptar las “medidas necesarias que posibiliten el derecho a voto de las personas que se encuentran privadas de libertad, por no tener suspendido su derecho a voto, debiendo, por su parte, Gendarmería de Chile adoptar igualmente todas las medidas administrativas y de coordinación interinstitucional que garanticen el derecho a sufragio de las mismas”.

Pero el Servel, a través de un comunicado, argumentó que no era posible cumplir con la exigencia, por un tema legislativo, basándose en las leyes 18.556 de Inscripciones Electorales y 18.700 de Votaciones y Escrutinios:

“Servel no impide el voto de los privados de libertad. Es el procedimiento legal el que obliga la concurrencia de estos electores al local mesa de votación que corresponde”.

Gendarmería, en tanto, expresó su compromiso para ponerse a disposición del Servel y trabajar en conjunto para permitir el derecho a sufragio de las personas privadas de libertad.

Pero las explicaciones no fueron suficientes y desde la Asociación Pensamiento Penal, donde surgió el recurso de protección a favor de los privados de libertad, evalúan querellarse por desacato contra el Servel y acudir a instancias internacionales.

Para Pablo Marshall, doctor en Derecho y académico de la Universidad Austral, los aspectos legales no eximen de responsabilidad a las instituciones:

–Estamos a casi 10 años del primer caso que se litigó. Lo que está haciendo el Estado es omitir la dictaminación de una ley que posibilitaría que las personas pudiesen votar. El Servel dice que está impedido legalmente y en ello podría haber una falta de voluntad política. Cuando no hay una ley, uno puede sacar herramientas de otros lugares para encontrar una solución, especialmente cuando se ve afectado un derecho.

Marshall asegura que esta postergación tiene más consecuencias que sólo la privación del derecho a sufragio, como es entorpecer el proceso de reinserción de la población penal.

Desde la cárcel de Rancagua reclaman lo mismo:

–Entiendo poco de política, pero me interesan los temas sociales, como la salud, y también las condiciones en las que vivimos los presos. Quiero votar por eso, porque es parte de nuestra reinserción a la sociedad. Nadie se preocupa de nuestros derechos humanos, ni de cómo vivimos. Es súper denigrante, aquí no hay higiene, no arreglan los baños tapados y nos enfermamos con las bacterias–, plantea Huaiquin.

10 años en discusión

Los reclamos de Huaiquin no son recientes. Desde 2011, cuando empezó a impulsarse la demanda del “voto preso”, una de las conclusiones a las que llegó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fue que el derecho a sufragio es necesario para dignificar las condiciones de las personas privadas de libertad.

–Estamos hablando de doble exclusión, porque al no votar, dejan de ser una población de interés para quienes toman decisiones, entonces su situación es aún más precaria–, explica Lorena Fries, quien dirigió el INDH desde 2010 a 2016.

En esos años, para las elecciones de 2013, las personas privadas de libertad estuvieron muy cerca de votar. Gendarmería, el Servel, el INDH y el Ministerio de Justicia trabajaron en un proyecto para que las 13.527 personas privadas de libertad con derecho a voto pudieran sufragar en aquellos comicios.

–Estábamos muy avanzados, diría que un 70%. A la ministra de Justicia Patricia Pérez le pareció una buena idea y estábamos alineados. Pero la excandidata Evelyn Matthei salió a decir que el voto preso era inconcebible y las presiones políticas no aguantaron–, afirma José Henríquez, exabogado asesor de la Unidad de Derechos Humanos de Gendarmería.

En agosto de 2013, Matthei declaró: “Los presos están presos porque cometieron delitos, tenemos que preocuparnos de ellos, de rehabilitarlos, de que tengan posibilidades en el futuro, pero de ahí a llevarles urnas para que voten, realmente me parece que estamos yendo demasiado lejos”.

Las palabras de la entonces candidata oficialista fueron respaldadas por el gobierno. “Los ministros podemos tener muchas opiniones, podemos dárselas a conocer al Presidente, pero quien resuelve finalmente es él. Y él nunca ha tenido en mente mandar un proyecto de ley que permita que esto pueda suceder”, dijo la exvocera Cecilia Pérez.

Así, los intentos de la exministra Patricia Pérez, hoy jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se concretaron. El fracaso del proyecto fue una decepción para la abogada, quien había recibido el visto bueno de Sebastián Piñera, según contaron sus cercanos, para impulsar la medida.

Pero el tema siguió en la mesa. En 2016, el INDH interpuso ocho recursos de protección, los que obtuvieron fallos de la Corte Suprema en 2017 para que las personas privadas de libertad pudieran votar. Pero nuevamente ello no se produjo.

–Nunca hubo voluntad política para que se cumpliera y mi conclusión es que se tiran la pelota los unos a los otros. El Servel ha sido muy estricto para tomar definiciones, lo que no se logra entender, porque llevamos 30 años y siempre hay algo que lo frena, pese a que es un derecho humano. Siempre se empieza a discutir el tema en meses de elecciones y es un bolsón de votos muy grande, entonces nadie se atreve a promoverlo–, critica Fries.

El Servel, por su parte, ha presentado diversos estudios a lo largo de los años para que los temas legales sean solucionados en el Congreso. Y también lo ha hecho el Ministerio de Justicia.

En un informe publicado en septiembre de 2020, el ministerio concluyó que “no existe cuestionamiento alguno al derecho al sufragio de las personas imputadas o condenadas por un delito que no merezca pena aflictiva”. El documento se sustenta en la Constitución de la República y en tratados internacionales suscritos por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Además, el informe incluye ejemplos de países en que las personas privadas de libertad pueden votar: en España funciona con voto por correo, en Argentina y en Ecuador se instalan mesas en los centros penitenciarios y en Costa Rica los internos son trasladados a los locales. Mientras que México no contempla el derecho a sufragio de los privados de libertad.

También hay otros ejemplos. En Australia y en Alemania los privados de libertad que no tienen suspendido el derecho a voto pueden sufragar por correo o pueden ser acompañados a su lugar de votación.

Por otra parte, en Gran Bretaña los condenados no pueden votar, pero hay excepciones para quienes están en prisión preventiva. Y en Estados Unidos, en cambio, dos estados permiten el voto en las cárceles.

–Pese al reconocimiento de todas las instituciones sobre este derecho de una parte de la población penitenciaria, aún no se ha avanzado en implementar mecanismos que lo permitan. Esto es, dónde realizar las elecciones, circunscripción electoral, elaboración del padrón electoral, qué procedimiento utilizar, resguardo de las personas y del proceso eleccionario, entre otros. Pero hemos logrado identificar y diseñar algunas alternativas que logran hacer efectivo este derecho–, dice el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

El documento analiza cuatro alternativas: voto en recintos penales, traslado a locales de votación, el voto electrónico y el voto por correspondencia. El último, dice el informe, tendría menos impacto legislativo.

De hecho, hoy hay un proyecto de ley de voto anticipado. Pero los privados de libertad fueron retirados de esa solución.

Apartados del voto por correo

En 2020, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados empezó a discutir un proyecto de ley que busca permitir el voto anticipado en futuras elecciones, a través de Correos de Chile. Lo que se busca es modificar el Artículo 29 de la Ley de Votaciones y Escrutinios Nº 18.700, para que personas excluidas de los procesos eleccionarios puedan votar.

En un principio el proyecto incluía a las personas hospitalizadas, a grupos de riesgo y a los privados de libertad. Pero el 31 de enero, antes de que pasara a la Comisión del Senado, el gobierno realizó una indicación en la que fue retirado el voto de los privados de libertad.

De esta forma, solo quedaron los siguientes grupos: mayores de 70 años, mujeres embarazadas, personas con algún tipo de discapacidad y miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.

Desde la Secretaría General de Gobierno evitaron explicar la modificación.

El presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Carlos Bianchi, asegura que nadie les explicó este cambio en el proyecto:

–Si bien públicamente hay una posición favorable por parte del Servel, en lo concreto vemos que este quiere evitar ese grado de dificultad. Yo creo que en el fuero interno del Servel no quieren que se ejecute el voto anticipado. Hay un discurso que es falso, que no es real.

El administrador público Rodrigo Villegas trabaja en la Fundación Proyecto Reinserción y ha sido parte de las discusiones en la comisión. Al igual que los parlamentarios se sorprendió con la actualización del proyecto:

–Es un sinsentido, porque la institucionalidad daba una opinión oficial, de colaboración, pero no hay relación entre el discurso público y lo que pasa en la práctica. No es de hoy, no es de 2021, viene desde hace más de una década. En este gobierno hay gente que no quiere que voten los presos. De otra forma no se explica, porque en el Ministerio de Justicia hay convicción de que esto tiene que suceder, hay informes fundados y justificados de que esto tiene que materializarse, y el mismo gobierno tiene otra postura.

Hoy, las organizaciones civiles aseguran que acelerar el voto anticipado es aún más urgente, porque en el plebiscito de salida para la nueva Constitución del próximo año el sufragio será obligatorio:

–El voto de salida es la encrucijada fundamental. Porque vamos a cumplir el ciclo de una Constitución sin haber ejecutado nunca dos artículos de ella misma– dice Villegas.

Para el abogado Pablo Marshall sería aún más absurdo el hecho de que se va a poder sancionar a las personas por no votar:

–Eso sería el colmo, pero se tendrán las facultades. Esperamos que no pase.

Mientras que en la cárcel de Rancagua, Nelly Huaiquin cuenta que para el plebiscito espera que el compromiso con las personas privadas de libertad que tienen derechos cívicos sea real. Y no sólo eso, cree que también se deberían crear espacios para que no sean solo dos las mujeres que entienden de política dentro de su módulo:

–Acá estamos tiradas al sol. Nos sobra el tiempo, quizás podrían tratar de culturizarnos un poco para que después cuando salgamos a la calle podamos insertarnos en la sociedad. No toda la vida voy a andar delinquiendo. El día de mañana, cuando mi hija me pregunte, quiero decirle que yo también tengo derecho a votar. Me gustaría enseñarle lo que es una votación, lo que es un presidente. D