“Alligator Alcatraz”, la temida cárcel para inmigrantes en Everglades, Florida, podría quedar como parte del pasado en los próximos días.

Sin embargo, no enterrará el empeño de Donald Trump por construir centros de reclusión de duras condiciones para las personas indocumentadas en Estados Unidos.

Construida en un vasto humedal subtropical repleto de caimanes, cocodrilos y pitones, el centro avanza hacia su cierre de operaciones, a más tardar para finales de octubre, tras el dictamen de la jueza del Tribunal Federal de Distrito de Miami, Kathleen Williams.

Pero desde ya el centro está siendo vaciado de detenidos, según un intercambio de correos electrónicos citados por la agencia de noticias AP y el diario The New York Times.

AP subraya que en un mensaje enviado al rabino del sur de Florida, Mario Rojzman, el pasado 22 de agosto, relacionado con la prestación de servicios de capellanía en la prisión, el director ejecutivo de la División de Gestión de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, aseguró que “probablemente nos quedaremos sin personas en unos pocos días”, insinuando que pronto no habrá necesidad de estos servicios.

El correo electrónico fue enviado en respuesta a líderes interreligiosos que habían preguntado si podían atender a los detenidos dentro del remoto centro.

Es la primera evidencia de que el centro no ha estado operando a su máxima capacidad, uno de los argumentos de la jueza para ordenar su cierre.

El proceso de clausura se encuentra en curso tras varias demandas al respecto que van desde índole ambiental hasta prácticas de insalubridad y violación al debido proceso legal para personas detenidas. Y avanza pese a los intentos de la Administración de Donald Trump por impugnar la orden de cierre dictaminada por Williams.

En la noche del miércoles 27 de agosto, la jueza denegó las solicitudes de pausar su orden de reducir gradualmente las operaciones en el centro de reclusión, al sustentar que no hay razón para mantener el lugar abierto, dado que la población de detenidos ya ha estado disminuyendo en las instalaciones. También indicó que los objetivos del Gobierno federal en materia de control migratorio no se verán frustrados por una pausa en las operaciones allí.

En su orden previa, emitida la semana pasada, la magistrada Williams destacó que preveía que la población de “Alligator Alcatraz” disminuiría en 60 días debido al traslado de los detenidos a otras instalaciones, y que una vez que esto sucediera, se deberían retirar las cercas, el alumbrado y los generadores eléctricos, por razones ambientales, ni trasladar a más detenidos hacia ese lugar.

Williams remarcó que los gobiernos estatal y federal no tuvieron en consideración los posibles daños ambientales antes de construir el centro.

Demandas que precedieron el orden de cierre

Grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee argumentaron en su demanda que se debían detener las construcciones y operaciones hasta que los funcionarios federales y estatales cumplieran con las leyes ambientales federales. Su demanda alegaba que la instalación amenazaba humedales ambientalmente sensibles que albergan plantas y animales protegidos, y que revertiría miles de millones de dólares invertidos durante décadas en la restauración ambiental.

En una segunda demanda contra los gobiernos estatal y federal, el pasado julio, grupos de derechos civiles argumentaron que a los detenidos se les negaba el acceso al sistema legal. Otro juez federal en Miami desestimó la semana pasada partes de la demanda, presentada en el distrito sur de Florida, pero luego trasladó los cargos restantes contra el estado de Florida al distrito central vecino.

Una tercera demanda colectiva fue presentada el pasado 22 de agosto por grupos de derechos civiles en un tribunal federal de Fort Myers, en la que señalaron “graves problemas” en el centro, “anteriormente inéditos en el sistema de inmigración”. Citaron que los detenidos llevaban semanas retenidos sin cargos, habían desaparecido del localizador en línea de arrestados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y que nadie en esa prisión estaba tomando decisiones iniciales sobre custodia o fianza.

Asimismo, explicaron que la inmigración es un asunto federal, por lo que las agencias de Florida y los contratistas privados contratados por el estado no tienen autoridad para operar el centro.

Por tanto, solicitaron una orden de restricción y un interdicto temporal que prohibiría a las agencias de Florida y a sus contratistas retener a detenidos en “Alligator Alcatraz”.

Los alegatos de las autoridades

En su apelación, el Gobierno federal refutó que el cierre de “Alligator Alcatraz” “comprometería la capacidad del Gobierno para hacer cumplir las leyes de inmigración, salvaguardar la seguridad pública, proteger la seguridad nacional y mantener la seguridad fronteriza”. Así lo detalló Garrett J. Ripa, director de la oficina de campo del Departamento de Seguridad Nacional, en una declaración legal el sábado 23 de agosto.

Sobre la disminución de la población carcelaria en el lugar, las autoridades del estado de Florida han insistido en que las 2.000 camas en el centro eran necesarias como parte de la ofensiva del presidente Trump contra los inmigrantes no autorizados.

Pero el estado se ha negado repetidamente a revelar cuántos detenidos albergaba en el centro, inaugurado a principios de julio en un aeródromo remoto. A mediados de julio, aproximadamente 900 personas se encontraban detenidas allí, según miembros del Congreso que lo visitaron.

Por su parte, el legislador demócrata en la Cámara de Representantes, Maxwell A. Frost, escribió en una declaración legal esta semana que, cuando visitó el centro de detención el pasado 20 de agosto, los trabajadores de gestión de emergencias del estado le informaron que albergaba a aproximadamente 300 detenidos.

Las autoridades de Florida indicaron inicialmente que esperaban albergar hasta 4.000 detenidos en el centro de detención de los Everglades para finales de agosto, pero los documentos legales indican que su capacidad se mantiene en torno a los 2.000.

El 27 de agosto, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, atribuyó la disminución de la población del centro de detención al Departamento de Seguridad Nacional. Aseguró que los funcionarios federales estaban deportando a los detenidos o transfiriéndolos fuera de esa cárcel con mayor rapidez, quizás debido al litigio en curso en un tribunal federal.

“Nuestra función es proporcionar más espacio para el procesamiento y la detención que conducen a la deportación (...) No somos nosotros quienes los estamos sacando de esas instalaciones”, declaró DeSantis en una conferencia de prensa en Orlando.

Pero que el cierre de “Alligator Alcatraz” esté en marcha no significa que el Gobierno de Donald Trump y los estados gobernados por el Partido Republciano desistan de este tipo de este tipo de sitios de reclusión, en medio de las duras medidas contra la inmigración irregular.

Este mes, DeSantis señaló que Florida abriría un segundo centro de detención migratoria, llamado “Depósito de Deportación”, en una prisión estatal en desuso al oeste de Jacksonville, debido a la “necesidad” de mayor capacidad para detenidos.