Fiscalía de Perú pide tres años de cárcel para cuñada de Presidente Castillo por delitos de corrupción

La fiscalía peruana pidió este viernes a un juez imponer tres años de prisión preventiva contra la cuñada del Presidente Pedro Castillo mientras es investigada por presuntamente participar de un clan familiar lavador de activos, que según las pesquisas estaría integrado por el mandatario y la primera dama.

El fiscal Hans Aguirre solicitó al octavo juzgado de investigación preparatoria nacional la orden de prisión contra Yenifer Paredes, de 26 años. La mujer culmina durante la jornada una detención preliminar de 10 días que transcurrió en una unidad policial. El juez Raúl Justiniano tomará una decisión en las próximas horas.

Aunque es la cuñada del mandatario, Paredes ha sido criada como hija desde pequeña por la pareja presidencial luego que la madre murió. Castillo dijo este viernes en una cita con mujeres indígenas que su “hija quien ha sido formada desde la adversidad” pasa “por los peores momentos”.

Paredes se entregó el 10 de agosto a la fiscalía, un día después de que la policía fue al palacio presidencial para detenerla sin éxito porque no la halló. Yenifer Paredes le dijo al juez que está dispuesta a colaborar con la justicia pero que en medio de su reclusión apenas la han citado a declarar cuatro veces y el resto de tiempo “he estado acá y no se ha hecho tanto como el señor fiscal menciona”.

Añadió que durante los 10 días se le diagnosticó Covid-19 y pidió que ese argumento sea tomado en cuenta antes de tomar una nueva decisión.

La fiscalía acusa a Castillo, a varios familiares, al actual ministro de Transportes, Geiner Alvarado y a un alcalde del pueblo donde vivía el mandatario de integrar un grupo criminal. La coordinadora sería la primera dama y los testaferros tres cuñados del mandatario, incluida Yenifer Paredes. En tanto, las empresas de fachada serían propiedad de personas cercanas a la familia presidencial.

El ente persecutor presume que Yenifer Paredes ayudó al dueño de una de las supuestas empresas de fachada a obtener obras públicas pese a no tener la capacidad económica para garantizar la ejecución de las obras ni la experiencia.

Castillo, quien suma al momento seis investigaciones fiscales, niega todas las acusaciones. Gobierna desde hace un año y su mandato debe terminar en 2026.