Gobierno de El Salvador defiende lucha contra pandillas en cumbre iberoamericana de derechos humanos

El Salvador defendió el martes en una cumbre iberoamericana de derechos humanos su política para enfrentar a las pandillas y afirmó que no pueden ser flexibles con esos grupos a los que califica de “terroristas”.

El ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, habló como invitado ante decenas de defensores reunidos en la capital salvadoreña, ocasión que aprovechó para exponer el régimen de excepción impuesto en los últimos meses para combatir a las pandillas y que permitido la captura de más de 50.000 personas a las que las autoridades acusan de pertenecer o colaborar con esos grupos.

Esa política ha generado inquietud y críticas dentro y fuera de la nación centroamericana. Grupos de salvadoreños están exigiendo la liberación de personas y familiares que según dicen no tienen nada que ver con las pandillas.

Pero Villatoro rechazó las acusaciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos que han denunciado reiteradas irregularidades, entre ellas detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, al tiempo en que subrayó que el gobierno del presidente Nayib Bukele será inflexible en esa lucha.

“No podemos tratar con paños tibios este fenómeno que por 20 años ha tenido secuestrado al país”, señaló el ministro, y aseguró que -contrario a lo que dicen los críticos- no están violando los derechos de los detenidos.

“No lo estamos haciendo, ni lo vamos a hacer jamás, primero renunciamos antes de mandar a nuestras fuerzas del ordenar ejecutar al que aparentemente es pandilleros”, afirmó.

Villatoro refirió que el fenómeno de las pandillas empezó con las deportaciones de salvadoreños desde los Estados Unidos en la década de los años 90, y mencionó una práctica que realizan esos grupos para los que ingresen por primera vez, como cometer al menos un crimen.

En agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del país declaró grupos terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. En su sentencia también declaró terroristas a los jefes, miembros y colaboradores de las pandillas.

Las pandillas tienen presencia en populosos barrios y comunidades del país y están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, según las autoridades. También extorsionan a comerciantes y empresas del transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, agregan.

Después de que el 26 de marzo se reportaran 62 homicidios, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en mucho tiempo, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.

El Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito ser parte de pandillas, lo que podría sancionarse con una pena de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas podrían tener una pena de 40 a 45 años de cárcel.