A tres años de la puesta en marcha de la nueva institucionalidad para el cobro de pensiones de alimentos, las cifras muestran un cambio significativo en el comportamiento de los deudores.

Según datos del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (RNDPA) suma 331.787 deudas inscritas desde noviembre de 2022. De ellas, 226.680 fueron pagadas o llegaron a acuerdo, lo que eleva la tasa de puesta al día al 68,32%: en la práctica, siete de cada diez deudores han regularizado su obligación.

Para entrar al RNDPA es necesario que exista una causa judicial de pensión de alimentos, y que el deudor deba al menos tres períodos consecutivos, o cinco discontinuos de pensión, momento en que el Tribunal de Familia lo inscribe automáticamente en un registro que hoy tiene 295.263 deudores vigentes, con un 95,3% hombres y un 4,7% mujeres. La Región Metropolitana (RM) concentra la mayor cantidad (117.128), seguida por Valparaíso (31.048) y Biobío (25.146). Mientras las con menor cantidad son Aysén (1.020), Magallanes (2.586) y Arica y Parinacota (4.265).

El primer pilar de esta nueva forma de asegurar los pagos se instaló con la Ley 21.389, que creó el Registro de Deudores y permitió activar sanciones administrativas para quienes mantenían morosidad. Por ejemplo, la retención de la devolución de impuestos, restricciones para obtener licencia de conducir o pasaporte y limitaciones para acceder a créditos desde las 50 UF. Ese mecanismo marcó un punto de inflexión al transparentar la deuda y presionar a quienes evitaban cumplir.

El segundo paso, el decisivo según el gobierno, llegó con la Ley 21.484, que desde mayo de 2023 permite a los tribunales buscar fondos directamente en cuentas bancarias, instrumentos financieros y fondos previsionales obligatorios del deudor.

Así, si existe una mensualidad impaga, se activa la búsqueda en cuentas bancarias. Y si la deuda alcanza tres mensualidades, continuas o discontinuas, puede incluso ordenarse el pago con cargo a los fondos previsionales obligatorios, siempre que no existan otros recursos disponibles. Todo esto se realiza de oficio, sin necesidad de nuevas gestiones de la persona demandante.

Pero en los primeros meses se detectó que parte del sistema financiero no consultaba adecuadamente el Registro, pese a que la ley lo exigía. Eso derivó en una modificación aprobada en diciembre de 2022, que otorgó facultades de supervisión y sanción a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Desde marzo de 2023, la CMF fiscaliza directamente el cumplimiento de estas obligaciones, lo que reforzó el funcionamiento del registro.

En el Ejecutivo sostienen que la combinación de ambas leyes logró instalar una institucionalidad más robusta, capaz de enfrentar la histórica morosidad en pensiones de alimentos.

Pero entre los datos que más inquietan está la reincidencia del 26,33%, equivalente a más de 80 mil personas, que volvieron al registro tras pagar y luego volver a caer en morosidad.

El impacto de esta política también se refleja en los tribunales. Hasta el 27 de septiembre de 2025, los Tribunales de Familia han ordenado el pago de $ 2.975 billones a través de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo.

Con ese monto, más de 322 mil familias han recibido o recibirán recursos que corresponden a pensiones adeudadas.

La ministra Antonia Orellana, lo resume así: “Desde la entrada en vigencia de la ley de responsabilidad parental en 2023 estamos viendo un incremento en la curva de pago de la deuda de quienes se encuentran en el registro de deudores. Si en los primeros meses nadie llegaba a un compromiso de pago o cancelaba su deuda, hoy 7 de cada 10 deudores lo hacen, lo que se traduce en que ambas normativas se han complementado y han conformado una mejor institucionalidad para lograr que miles de niños, niñas y adolescentes puedan acceder al pago de su pensión, además de entregar justicia a madres y cuidadoras”.