En los tres años del gobierno del Presidente Gabriel Boric hay sólo dos promesas en torno a imputados y víctimas del estallido social de octubre de 2019 que se concretaron. Se retiraron las querellas por Ley de Seguridad del Estado, que no tuvieron como efecto la liberación de ningún preso de esa época, y se indultó a trece de las personas que habían sido condenadas por hechos ocurridos en el contexto de las manifestaciones.

Pero eso, dicen organizaciones vinculadas a este sector, ha sido todo. Y van más allá: aseguran que para quienes sufrieron los efectos del accionar de agentes del Estado, no han existido respuestas contundentes, pese a que tanto en el programa de gobierno como en sus cuentas públicas ha mencionado compromisos en esa línea.

De hecho, quien vivió en carne propia el haber quedado ciega tras el disparo de una lacrimógena, la senadora Fabiola Campillai, fue una de las personas a las que el Jefe de Estado, antes de arribar a La Moneda, contactó para trabajar en políticas de reparación.

Con esa experiencia, y a más de tres años de esa invitación, la parlamentaria es tajante y asegura a La Tercera, a pocos días de la última cuenta pública de esta administración, que “el Presidente no cumplió ninguno de sus compromisos con las víctimas y sobrevivientes del estallido”.

Según recuerda, fue durante la campaña de segunda vuelta que el entonces candidato Gabriel Boric pidió reunirse con personas que se habían visto afectadas por el actuar de agentes del Estado durante el estallido social.

“Nos encontramos en una casa en San Miguel: estábamos Gustavo Gatica, otras víctimas y yo. En ese espacio solicitó nuestro apoyo como sobrevivientes y se comprometió con la justicia, con una Comisión de Verdad y con una ley de reparación", sostuvo.

“Con ese acuerdo realizamos una conferencia de prensa el 6 de diciembre de 2021. Luego, el 10 de diciembre, Boric hizo público su compromiso. Hicimos campaña. Fue electo Presidente. Ya en el Gobierno, y bajo la subsecretaría de Haydee Oberreuter, el Presidente mandató la creación de una Mesa de Reparación Integral, presidida por la subsecretaria y por mí. Luego de casi un año de trabajo en todo el país, esta mesa elaboró el informe Propuestas y Recomendaciones para una Reparación Integral, que fue entregado en marzo de 2023 al Ejecutivo. Sin embargo, Boric decidió no hacer un acto oficial de recepción del informe, no han concluido el catastro y, por el contrario, removió del cargo a Haydee Oberreuter”, lamentó la senadora.

Pese a ello, Campillai insistió en ese trabajo y recuerda que en octubre del año pasado avanzó en la creación de la “Mesa de DD.HH. por una Vida Digna” y además, junto a agrupaciones, elaboró el Proyecto de Ley de Reparación Integral, que incluye una Comisión de Verdad. Pero, que “lamentablemente”, como indica, requiere del patrocinio del Ejecutivo.

“Fuimos recibidos en La Moneda y nos aseguraron que el Presidente revisaría el documento. Al día siguiente, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Presidente Boric se comprometió públicamente a responder en enero. Cuando llegó esa fecha, no hubo respuesta. El Presidente envió a su equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos a pedirnos una semana más ‘para reflexionar’. En marzo intentaron retomar algunas reuniones, pero siempre en carácter informal, sin respetar la palabra dada por el mandatario. Estamos en junio y no ha llegado respuesta”, apuntó.

Por lo mismo, la senadora hoy recalca que esto refleja un total abandono por parte de la máxima autoridad respecto de los compromisos en reparación, y también con la agenda legislativa.

“Apoyaron la Ley Nain-Retamal y no defendieron indicaciones clave en el proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza, como la proporcionalidad o la prohibición de disparar a la cabeza”, lamentó.

Finalmente y con decepción recalcó: “Lo dije y lo reitero. El Presidente no se ha puesto los pantalones y no ha dado la cara a las víctimas ni a los sobrevivientes”.