La Contraloría General de la República detectó el “pago improcedente” de $329.540.767 en el marco de una serie de incumplimientos en los desembolsos efectuados por el Ministerio de Obras Públicas a la sociedad concesionaria a cargo de la obra “Concesión Ruta 66 – Camino de La Fruta”.

Lo anterior, según informó el ente fiscalizador, debido a que la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC) aceptó, como parte de los gastos asociados al servicio de construcción de la obra, desembolsos presentados por la firma por $1.734.425.077, pese a que no se acreditó su relación directa con la ejecución de la obra.

El informe final de la Contraloría, que abordó una revisión entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de abril de 2024, detalla que “los antecedentes proporcionados por la DGC no permiten sustentar por sí solos, que los gastos considerados por la dirección para determinar el valor de las facturas por el servicio antes señalado -y a partir de las mismas, solventan los montos de IVA que en estas se indican-, tengan la aludida relación con la ejecución de esta obra”.

Acciones

La Contraloría indicó que por los motivos antes expuestos formulará el pertinente reparo, presentando la demanda que da inicio al juicio de cuentas, indicaron.

Otro de los hallazgos reveló que la Inspección Fiscal aprobó el 80% de avance de dos subsectores de la obra, sin que en algunos casos se respaldara documentalmente el total del progreso reportado por la empresa.

Adicionalmente, se constató que el concesionario entregó de manera incompleta parte de los proyectos de ingeniería de detalle de la obra, lo que no fue advertido por la inspección fiscal.

Una cuarta observación relevante se refiere a que la inspección fiscal aprobó el proyecto de agua potable y alcantarillado para el Área de Servicios Generales y Atención de Emergencias, pese a que aún no contaba con el visto bueno de la autoridad sanitaria, infringiendo las bases de licitación.

De esta forma, además de la demanda, la entidad que encabeza Dorothy Pérez ordenó a la DGC sustentar los porcentajes de avance identificados en el informe, de tal manera de acreditar que, al momento de sancionarse el cumplimiento del hito del 80%, estos presenten los progresos declarados.

Asimismo, el inspector fiscal deberá proponer las multas por el atraso en la entrega de los proyectos de ingeniería de detalle y por la falta de autorización sanitaria.

Además, la Dirección General de Concesiones deberá iniciar un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de los hechos recién descritos

La Ruta 66 constituye una obra estratégica de conectividad interregional en respuesta a la creciente demanda de transporte de carga y tránsito local entre las regiones de O’Higgins, Metropolitana y Valparaíso. El proyecto de mejoramiento consideró una intervención integral de 141 kilómetros de vialidad interurbana entre los puertos de Valparaíso y San Antonio y los valles agrícolas de O’Higgins.