La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer que otros 10.805 funcionarios públicos que se desempeñan en servicios públicos con presencia regional salieron fuera del país durante su licencia médica o en parte de ella.

Este número se suma a los primeros 25.078 que fueron detectados en el primer informe entregado el 20 de mayo, los cuales eran de servicios a nivel nacional. Según el nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°16, esto podría implicar el uso irregular de 15.257 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024, de las cuales el 76% corresponde a Fonasa y un 24% a Isapres.

El reporte que fue comprometido por la contralora general, Dorothy Pérez, en junio de este año ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. En él, se agrega que los titulares de esas 15.257 licencias, habrían entrado o salido del país en 26.606 oportunidades. En total de 67 funcionarios registran entre 16 y 30 entradas y/o salida, mientras que 30 tienen más de 30 entradas y/o salidas del país. Tanto en 2023 como en 2024, los viajes al extranjero se concentraron principalmente en el último trimestre, es decir entre octubre y diciembre.

Respecto de los servicios a los que pertenecen los funcionarios que habrían incumplido su periodo de reposo, estos pertenecen a 442 entidades públicas de regiones. De ellas, el 67% corresponde a servicios de salud y hospitales, un 15% a Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), un 11% a municipalidades, corporaciones y direcciones municipales, un 4% a establecimientos educacionales, y un 3% a otro tipo de servicios.

Entre los servicios que se destacan el Servicio de Salud Magallanes con 1.258 licencias, le siguen el SLEP Chinchorro (1.065), Servicio de Salud del Reloncaví (780), Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (692), Dirección Servicio de Salud Aysén (553), y Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (517).

Cabe señalar que tras el reporte, la Contraloría notificará a las instituciones involucradas para que se inicien los procedimientos disciplinarios de rigor, y remitan las respectivas resoluciones a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) de la CGR, en un plazo de cinco días hábiles.

Además, la información, será remitida a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que se ejecuten las acciones que correspondan.