En la comuna de Limache, en la Región de Valparaíso, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió a la Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031, instrumento de planificación que el gobierno incluyó en la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública.

La propuesta de gestión de seguridad se presenta a menos de cinco meses que finalice el gobierno de Gabriel Boric, pese a que la idea se venía evaluando desde inicios de su administración.

En detalle, Cordero explicó que “la Política Nacional de Seguridad Pública es uno de los engranajes del Sistema de Seguridad”.

El ministro aseguró que antes de la creación del ministerio “teníamos autoridades e instituciones que tenían competencias en materia de seguridad pero que actuaban sectorialmente de un modo fragmentado".

En ese sentido, detalló que con la nueva cartera, se gestiona “un sistema de seguridad pública en el cual participan organismos que están a cargo de seguridad pública y prevención de carácter muy heterogéneo. No sólo están las policías, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), sino que también están instituciones que están vinculadas a la persecución penal aunque sean constitucionalmente autónomas como el Ministerio Público”.

“Además de eso, está en esa red un conjunto de instituciones que co-ayudan a ese proceso desde el punto de vista del control, aquellas que están vinculadas al Servicio Impuestos Interno, Aduanas, la Unidad Análisis Financiero o del punto de vista de la prevención, aquellas instituciones que por ejemplo están vinculadas a las áreas educativas o social, o bien los que participan del sistema de cumplimiento de penas como Gendarmería”, sostuvo.

En esa línea, detalló que “la gran innovación" tiene relación con “establecer un sistema integrado de gestión en materia de seguridad pública”.

"La Política Nacional de Seguridad es uno de esos engranajes porque es un mandato legalmente obligatorio, es una política que dura seis años con revisión bianual y que está ordenada a partir de un diagnóstico que es relativamente compartido en una serie de objetivos y lineamientos estratégicos a partir de los cuales se asignan recursos y se rinde cuenta no sólo por parte del Ministerio de Seguridad y de las instituciones que participan en ella sino que hay algunas obligaciones de rendición de cuenta al Congreso Nacional", indicó.

Con ello, argumentó que el objetivo general “es reducir delitos violentos y reducir el índice de temor (…) entonces la respuesta que debe dar el Sistema de Seguridad y particularmente el Ministerio de Seguridad es cómo se reduce ese índice de delitos violentos y cómo se reduce ese índice de temor, eso a partir de una matriz más global".

“En otros términos no es un instrumento simplemente declarativo sino que se transforma en instrumento de integración que obliga a las instituciones del sistema de seguridad a trabajar conjuntamente. No se transforma simplemente en una especie como de colaboración cooperativa sino que en un mandato integrado“, sostuvo.