Cuando a eso de las 3.00 de la madrugada del domingo 24 de agosto efectivos de la PDI golpearon la puerta de la casa de José Contreras Escobar, uno de los cinco imputados por el robo con homicidio del ingeniero Michael Peñaloza en Curacaví, no había rastro de él.

Los detectives llevaban días siguiendo sus pasos. Contaban con orden de detención en su contra y autorización verbal del juez de garantía para ingresar y registrar su domicilio. Pero cuando llegaron hasta su casa, familiares debieron precisar que el joven de 28 años ya había concurrido a la 63° Comisaría de Carabineros para entregarse a la justicia por su rol en el crimen del ingeniero.

Minutos antes, el alcalde de Curacaví, Christian Hernández (independiente), había estado en el mismo inmueble, posicionándose como una supuesta pieza clave para que el imputado decidiera ponerse a disposición de la policía. Según él mismo detalló, fue la madre del sujeto quien lo contó, ya que estaba enfrentando una situación muy compleja.

Producto de ese llamado -y antes que la PDI- el jefe comunal llegó hasta la vivienda para conocer de la situación de Contreras, momento en que lo instó a que fuera a Carabineros y reconocer su participación en el delito. De hecho, fue el alcalde quien lo acompañó hasta la unidad policial, donde también conversó de lo ocurrido con efectivos de la PDI que estaban tras la captura.

Pero aun cuando Hernández ha detallado cuál fue su participación en este caso, descartando irregularidades, de acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera su accionar será objeto de las pesquisas que dirige la Fiscalía Regional Occidente.

La entidad, liderada por el fiscal regional Marcos Pastén, busca detallar con precisión qué rol jugaron el alcalde y el director de Seguridad del municipio, Francisco Eyzaguirre, que lo acompañó hasta la casa del imputado. Y además, saber en qué circunstancias se ordenó a personal de seguridad comunal recabar antecedentes ligados al robo con homicidio. Hasta el momento el alcalde, según fuentes del caso, está en calidad de testigo.

El propio persecutor manifestó públicamente que, a la fecha, no tienen antecedentes que les hagan pensar que tanto el alcalde como los funcionarios municipales pudieron haber obstaculizado la indagación, pero eso ahora deben establecerlo fehacientemente. Por lo demás, comentaron fuentes ligadas a la indagatoria, no solo acompañaron al imputado a entregarse, sino que previamente el municipio se entrometió en labores que no son de su competencia: ordenó empadronar testigos, encuestar a vecinos y recabar información. Todas esas funciones investigativas exclusivas de la Fiscalía con apoyo de las policías.

Si bien los investigadores reconocen la colaboración que se pretendía hacer y el apoyo que habitualmente se recibe de municipios, también insisten en que hay cuestiones que son tareas exclusivas del órgano persecutor. Por lo mismo, sostienen, se deben despejar todas las dudas que existen respecto al papel del alcalde y el resto de los funcionarios, entre los cuales están además los inspectores municipales.

Las explicaciones de Hernández

El Ministerio Público reprochó la intervención del jefe comunal de Curacaví, por lo que Hernández defendió su actuar. Según dijo, solo supo de los antecedentes del joven cuando llegó hasta el domicilio y que siempre se le dijo que el imputado había sido testigo de los hechos.

“Es imposible que yo hubiera llamado a nadie antes, porque yo acudí al llamado de una mamá que me indicaba que tenía algo muy grave en su casa y que estaba viviendo una situación terrible, estaba angustiada por un problema familiar”, sostuvo.

El alcalde agregó que asistió “a una casa donde había un problema familiar y llegué ahí sin tener conciencia de que iba a encontrarme con uno de los sospechosos y, por lo tanto, era muy difícil que yo me preparara para un enfrentamiento o algo así, únicamente tuve la precaución de acompañarme con el director de seguridad para tener un contacto directo con los inspectores”.

El crimen

Una vez que efectivos de la Brigada de Robos Occidente de la PDI recibieron la instrucción del Ministerio Público para indagar el robo con homicidio del ingeniero, se siguieron una serie de pistas. Se revisaron largas horas de imágenes captadas por cámaras de seguridad, logrando identificar un inmueble donde permanecía la camioneta que había sido robada desde el domicilio de la víctima.

Los detectives empadronaron una serie de testigos, tomaron declaraciones y así lograron dar con la identidad de un primer sujeto presuntamente implicado en los hechos: Esabu Muñoz Escobar (24). Según él mismo reconoció tras su detención, era quien conducía la camioneta al momento de atropellar a Peñaloza.

Si bien sus compañeros de delito ya estaban bajo la lupa de los investigadores, Muñoz también entregó detalles que permitieron a la Fiscalía tramitar con urgencia las demás órdenes de detención. Así, tras Muñoz cayeron Contreras, Vicente Higuera Muñoz, Matías Tapia Adasme y Kevin Aguilar Tapia.

Fuentes ligada a la indagatoria aseguran que es una banda de sujetos de entre 18 y 28 años dedicada principalmente al robo. Los imputados sustraían elementos desde casas particulares y comercios para luego venderlos. Uno de ellos, además, mantenía antecedentes por microtráfico. Eran conocidos de la zona. Además, Aguilar, Tapia y Contreras también son primos.

Según los antecedentes que están en la carpeta investigativa, al menos dos de los cinco imputados están vinculados al robo que sufrió la misma víctima el 11 de agosto, día en que se llevaron una copia de las llaves del vehículo que sustrajeron ocho días después.