La tarde de este miércoles llegarán hasta el Ministerio de Defensa los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA) para reunirse con la ministra de la cartera, Adriana Delpiano.

El objetivo de la cita convocada por secretaria de Estado es abordar la seguridad en los recintos militares con el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez y el comandante en jefe de la Armada, el almirante Fernando Cabrera. El asunto alerta a las autoridades después de dos hechos consecutivos: el robo de dos fusiles en el Regimiento Maipo de Valparaíso y la detención este lunes de seis suboficiales de Iquique tras una denuncia por narcotráfico de la propia institución.

La ministra citó también al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de aviación Leonardo Romanini, quien fue nombrado hace dos semanas por el presidente Gabriel Boric. El uniformado deberá asumir la labor de seguimiento de las medidas que se buscan adoptar en conjunto para garantizar la seguridad de los recintos de las fuerzas armadas.

Una de las opciones que se analizarán este miércoles será la posibilidad de rotación militar en la frontera norte. Se trata de una medida propuesta este lunes a la ministra por el comandante de Operaciones Terrestres del Ejército, Pedro Varela, luego de que se conociera la participación de los seis uniformados en el caso de narcotráfico en Iquique.

“Una de las medidas que hemos conversado con general Varela, que está a cargo de todo el tema de movilizaciones del Ejército, es justamente la posibilidad de ir rotando las personas que van hacia Colchane, las personas que suben hacia las fronteras, para ir cambiando la habitualidad, los vínculos, etcétera”, dijo este lunes la ministra.

Pese a la apertura de la autoridad civil a la idea de rotar personal del Ejército en la frontera, la medida genera dudas al interior de la propia institución que encabeza el general Iturriaga porque implicaría la rotativa del personal acotado que existe, lo que no implica un cambio real de uniformados en la zona.

El despliegue

Un total de 854 días han pasado desde que el Ejército está desplegado en el norte para resguardar las fronteras de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Quienes conocen de ese despliegue, destacan que la institución militar requiere para las 10 bases de avanzada de 600 efectivos militares.

Esos funcionarios provienen únicamente de las unidades y zonas militares del norte, provienen únicamente de tropas de combates y acorazados, como es el caso de los funcionarios detenidos en Iquique. Al igual que esos suboficiales, los militares que se despliegan en el norte lo hacen, principalmente, para realizar labores de vigilancia y patrullajes.

Para esas labores se realizan turnos rotativos de 15 días, lo que significa emplear cerca de 1.200 militares al mes sólo para el resguardo de la frontera y fuera de las labores propias del Ejército en el norte, una de las zonas con más funcionarios de la institución encabezada por Iturriaga.

Si bien fuentes de Defensa y del Ejército plantean que la idea de aumentar la rotación es una de las tantas que está “sobre la mesa”, conocedores del trabajo de la institución castrense plantean que para evitar toda vinculación con el crimen organizado se requiere “un Ejército que no existe” que pueda realizar más turnos.

Expertos discrepan de la medida

La visión en las filas del Ejército también es compartida por expertos. Fernando Wilson experto en defensa y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) afirma que la rotación “es una de las soluciones clásicas respecto al tema de corrupción”.

En esa línea, Wilson explica que una mayor rotación impide entrenar a los funcionarios y mantener los equipos, apuntando que “no solamente tienes menos personal especialista del que deberías tener”, al no poder formarlo más tiempo, sino que también “destruyes la cohesión de las unidades y la capacidad de operar material complejo y mucho más de mantenerlo”.

Para el exgeneral del Ejército y jefe de investigación de AthenaLab, John Griffiths “cuando algunas personas que son integrantes del Ejército resuelven cometer un delito de esa magnitud, el tema no lo solucionas con el recambio, porque quiere decir que ahí tienes un problema”.

En esa línea, Griffiths plantea que la institución castrense se ha recurrido “a un mayor espectro de misiones con menos presupuesto y menos personal”, tal y como lo planteó el propio general Iturriaga en el Congreso cuando afirmó que la institución no podía enlistar a más soldados profesionales o por el Servicio Militar por falta de presupuesto.

Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello (UNAB), plantea que “si bien la rotación frecuente de personal en zonas sensibles puede ayudar a evitar vínculos prolongados con redes ilícitas esta medida debe complementarse con una estrategia robusta de contrainteligencia que anticipe adecuadamente los riesgos”.

El investigador de AthenaLab, plantea que cuando hay un problema de seguridad nacional, “no hay ninguna institución del país que se pueda restar a ser parte de la solución de ese problema, porque lo que está en juego es la supervivencia del país“. Por lo mismo, plantea que ”hay que adoptar hoy día las previsiones necesarias para tener más dotación, tener los presupuestos adecuados para que podamos cumplir la misión de la forma posible”.

Wilson por su parte, afirma que actualmente “no hay una visión integral, ni definición del problema”, por lo mismo plantea que “hay que definir un objetivo, una estrategia multidimensional, fijar instrumentos, herramientas, plazos y una evaluación”. Eso, porque a su juicio “nada de eso existe, se pillaron seis funcionarios que habían sido corruptos, pero todas estas son luces amarillas muy intensas que nos están planteando, que no se están manejando de forma seria. Solamente tenemos medidas de parche”.