Una vez más, lo dueños del terreno donde está instalada la toma más grande del país, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Valparaíso que se fije una fecha para el desalojo de las personas que mantienen usurpado el sector en la comuna de San Antonio.

La toma ubicada en el cerro Centinela concentra a casi 4 mil familias. En concreto, las personas están emplazadas en un total de 260 hectáreas, terrenos pertenecientes a la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. La empresa es propietaria de las tierras desde 1997.

Hace varios meses la inmobiliaria ha trabajo en mesas técnicas junto al gobierno para alcanzar acuerdos que permitan la expulsión de los cerca de 10 mil residentes del sector. Sin embargo, la empresa acusa que el gobierno “solo ha buscado ganar tiempo y no ha generado las condiciones para un acuerdo justo”.

“Hoy solo estamos a la espera de que el Ejecutivo cumpla con su deber constitucional y acate el fallo judicial que ordena el desalojo, habilitando los albergues que sean necesarios con prontitud”, indicaron a través de un comunicado.

En ese sentido, señalaron que han “sido víctimas de una usurpación desde hace seis años y pedimos simplemente que el Estado cumpla con el fallo de la justicia, que dispone la devolución de nuestra propiedad”.

En el documento, la inmobiliaria especificó que el viernes 3 de octubre solicitaron a la Corte de Apelaciones de Valparaíso que “fije un plazo para el desalojo de la toma”.

“Si bien la semana pasada la Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificó el cúmplase de esta medida, en los escritos presentados ante la Corte distintos organismos públicos informaron que no están las condiciones para implementar esta resolución de la justicia", indicaron.

Junto con ello, señalaron que consideran “pertinente solicitar que se establezca una fecha específica para el desalojo y se aperciba a las carteras ministeriales involucradas a cumplir con lo establecido en el fallo”.

Si bien, destacaron la disposición del ministro de Seguridad, Luis Cordero, y de la subsecretaría del Interior en cumplir el fallo, sostienen en que creen “importante que la justicia establezca una fecha específica para evitar dilaciones”.

“En este contexto, es necesario reiterar que participamos de buena fe durante seis meses en una mesa técnica donde el gobierno no propuso ninguna alternativa viable de solución, sobre la base de un protocolo que establecía tres condiciones: financiamiento, garantía y un acuerdo de precio sobre la totalidad del terreno. En los hechos, nada de eso se alcanzó”, lamentaron.

En esa línea señalaron que “no hubo financiamiento, garantías y, en materia de precio, el ministerio solo buscó que la empresa financiara con su patrimonio una mala política pública, como son las cooperativas”.