Durante los últimos días los integrantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) han estado ocupados evaluando el proyecto de la Ley de Presupuestos 2026 y cómo podría afectar a las municipalidades, particularmente aquellos programas en que hay transferencias desde el gobierno hasta los municipios.

El diagnóstico fue negativo en la entidad liderada por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (UDI), y cuyo directorio es integrado por siete representantes del oficialismo y seis de la oposición, entre ellos jefes comunales como Mario Desbordes (Santiago), Catalina San Martín (Las Condes), Karina Delfino (Quinta Normal), Claudia Pizarro (La Pintana) y Gustavo Toro (San Ramón), entre otros.

La ACHM mandató a los secretarios técnicos de sus 33 comisiones para que analizaran programa por programa comparando con años anteriores para ver si las platas aumentaban o disminuían, y luego se elaboró un documento técnico con cada glosa analizada, al que La Tercera tuvo acceso.

En total, los alcaldes cuantificaron la reducción en $125 mil millones considerando todas las glosas donde disminuyeron los montos, en áreas como seguridad, educación y sitios urbanos, entre otros.

En los programas dependientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) la ACHM detectó una disminución del 25,6% en la glosa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, que pasó de $95.697.781.000 a $71.387.942.000. Además el programa Mejoramiento de Barrios, que pasó de $56.114.193.000 a $45.264.017.000, con una disminución del 19,3%. Mientras que el programa de Tenencia Responsable de Animales se redujo en un 4,5%.

Otros programas fundamentales para las municipalidades son los relativos a seguridad, agrupados en el Ministerio de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ahí la comisión técnica detectó que se redujo el programa Somos Barrio Prioritario en un 8,9%.

Los programas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia llamados Programa de Ayudas Técnicas y Programa Fondo Subsidio ELEAM, se redujeron en 6,3% y 7,4%, respectivamente.

Lo relativo al Ministerio de Educación, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública disminuyó en 38,7%, pasando de $98.732.536.000 a $71.165.813.000.

Y en el Ministerio de Vivienda se miró con preocupación la baja del 10,6% en el programa Recuperación de Barrios y una reducción de un 7% en el programa de Pavimentos Participativos.

El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, criticó que “la disminución de recursos que golpea a áreas tan sensibles como la seguridad y la lucha contra el crimen organizado refleja, en primer lugar, una deficiente ejecución del gasto durante los últimos cuatro años. Más que una estrategia de eficiencia, lo que se observa es una necesidad forzada de cuadrar la caja fiscal a costa de los ciudadanos”.

Y agrega: “A esto se suma que otros compromisos del propio gobierno, como la priorización de recursos para el sistema municipal de seguridad o el incremento del aporte al Fondo Común Municipal, presentan alzas tan marginales que ni siquiera alcanzan a cubrir la inflación anual (IPC). Es decir, en la práctica también representan una disminución real de apoyo”.

Las áreas positivas

Dentro de aquellos programas que registraron alzas, en la ACHM consignaron algunos que califican de incrementos insuficientes, o que ni siquiera alcanzan a cubrir los costos de inflación.

Ahí se consigna que los aportes al Fondo Común Municipal que las comunas más vulnerables reciben por el concepto del royalty minero tienen una variación del 3,7%.

Sin embargo, la asociación recalcó que el Presidente Gabriel Boric había prometido en su programa de gobierno una inyección de US$ 1.000 millones al Fondo Común Municipal, y que en la práctica esto no se ha cumplido.

Según una minuta interna, “considerando estos aumentos vía Tesoro Público y lo ingresado vía Royalty Minero (Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial – $ 218.625.800.000) la cifra real de mejoría al FCM es de $517.377.544.000, una diferencia de $444.160.917.000 al compromiso anunciado“.

Se registraron alzas en el área de transportes en lo relativo al Fondo de Apoyo al Transporte Público, con un aumento del 45,9%; en educación, con apoyos de fondos a servicios locales y un aumento de 42,4%, y en Vivienda con lo relativo a Pequeñas Localidades y un alza de 87,8%.