Veintiseis páginas tiene la solicitud de intervención telefónica que hizo el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, para que el Juzgado de Garantía de Antofagasta autorizara “pinchar” el celular del Presidente de la República, Gabriel Boric, para así escuchar sus conversaciones en busca de más antecedentes y pruebas en el denominado caso ProCultura.

Para sustentar dicha medida intrusiva en contra de la primera autoridad de la República, el investigador apuntó directamente a la sospecha de financiamiento irregular de su campaña. Junto con detallar la gran cantidad de dineros estatales que recibió la ONG dirigida por Alberto Larraín, siquiatra y cercano a Boric, desde que el Frente Amplio llegó a La Moneda; Cooper detalló una serie de escuchas que se habían materializado con personas vinculadas a la fundación.

Con todo, dichos indicios no fueron suficiente y el 15 de noviembre de 2024 rechazó acceder a lo solicitado por el investigador, marginando de plano al Presidente de las actuaciones de este caso. “El hecho que la persona respecto de quien se pide la diligencia sea amiga o no de quien figuraba como Director ejecutivo de la fundación Procultura, no lo hace merecedor de sospecha o reproche penal”, se lee en la resolución del tribunal antofagastino al que tuvo acceso La Tercera.

El factor “Orrego”

Uno de los pasajes de la petición de interceptación telefónica al Jefe de Estado, tiene que ver con la arista que se indaga en la Región Metropolitana que involucra a Claudio Orrego, actual gobernador quien declaró como imputado y a quien la justicia levantó su secreto bancario.

“En la Región Metropolitana también cobran relevancia las irregularidades advertidas a propósito de la suscripción del convenio “Transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental”, por la suma de $1.683.788.000″ suscrito entre el Gobierno Regional Metropolitano, representado por Claudio Orrego Larraín, y la Fundación Procultura", se lee en el libelo.

Junto con esto, el fiscal regional de Coquimpo apunta sus sospechas a que “respecto de éste convenio, la vinculación entre funcionarios o ex funcionarios públicos con la Fundación Procultura, radica en que el Director Ejecutivo de la Fundación Procultura, Alberto Larraín Salas, al momento de la suscripción del convenio antes señalado, era a la vez, integrante de la Directiva de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo, la cual también preside el Gobernador Regional, quien previamente, propone a los tres nombres para integrar el Directorio de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo, entre quienes se encuentra Alberto Larraín Salas”.

Los Gores del sur al ruedo

El caso convenios parte en Antofagasta con Democracia Viva, ONG vinculada a personeros de Revolución Democrática, en particular la diputada Catalina Pérez y su pareja Daniel Andrade.

Pero a poco andar el Ministerio Público comenzó a indagar otras irregularidades que involucraban la entrega de recursos públicos a Fundaciones hasta que se llegó a ProCultura, que por su fama y transversalidad posee convenios no tan sólo en la RM y Antofagasta, sino también en el Biobío, Los Lagos, Ñuble y Magallanes.

Este vínculo gobernaciones-ProCultura y las altas sumas de dinero que se entregó a Larraín y su ONG desde que el Frente Amplio llegó al Gobierno fueron sustento para que el Ministerio Público decidiera investigar al Jefe de Estado.

Así lo explica Cooper en su petición de pinchazo a Boric: “en este contexto de vínculos entre funcionarios o ex funcionarios públicos con la Fundación Procultura adquiere relevancia respecto de Gabriel Boric Font la diligencia solicitada (interceptación telefónica) y, especialmente, a propósito del resultado de una serie de diligencias investigativas que se han llevado a cabo respecto de los convenios de transferencia de recursos del Gobierno Regional de Magallanes y que justificarían su necesidad”.

La esquirla en Magallanes

Cuando Cooper mira hacia el sur, expone detalles del convenio para financiar la iniciativa “Recuperando el espacio público a través de la restauración y conservación del mural arquitectónico urbano emblemático de Punta Arenas” entre el gobierno regional de Magallanes, representado por el gobernador Jorge Flies Añon y la Fundación Procultura por la suma de $23.690.000.

Ahí detalla al tribunal que dicho proyecto fue realizado en su totalidad por un trabajador de ProCultura y que constituyó una agencia sólo ocho meses antes de que el Gore aprobara dicha iniciativa.

“En dicha investigación, y previa autorización judicial del Juzgado de Garantía de Porvenir, se incautó el dispositivo móvil perteneciente al gobernador regional de Magallanes, don Jorge Flies Añon, analizándose su contenido por la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana (BRIAC), de la PDI, destacando el hallazgo de conversaciones de relevancia entre el gobernador regional y el director ejecutivo de la Fundación Procultura, Alberto Larraín Salas referidas a un posible vínculo con Gabriel Boric Font, previo a asumir el cargo de Presidente de la República y también una vez investido, ocurrida con fecha 11 de Marzo de 2022″, se lee en el documento.

Larraín: “Ayer hablé con el Presidente electo”

Dicho informe policial recoge conversaciones del 1 de marzo de 2022 donde Larraín mediante Whatsapp habla con Flies, indicándole: “Ayer hablé con el Presidente electo” y más adelante, con fecha 21 de marzo de 2022, le reitera una comunicación con el Presidente de la República, indicando que éste último “Está muy entusiasmado con el anuncio de lo de Torres del Paine”.

Sobre este intercambio, el fiscal Cooper señala al tribunal que “importante es destacar que desde la ceremonia de traspaso del mando presidencial ocurrida el 11 de Marzo de 2022, le corresponden a Gabriel Boric Font, como Jefe de Estado, el Gobierno y la Administración del mismo. En materia de competencias, el Presidente de la República ejerce el gobierno y la Administración del Estado con la colaboración de los órganos que establezcan la Constitución y las leyes. A su vez, la Administración del Estado se constituye, entre otros, por una serie de Ministerios, y otros órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, entre otras funciones”.

Vínculo personal

Es así, como el representante del Ministerio Público apunta que Alberto Larraín Salas remite una serie de mensajes dando cuenta de una serie de gestiones realizadas vinculadas a la ministra de Cultura, Conaf, Subsecretaría de Desarrollo Social, entre otros, instruyendo que “el anuncio se haga en 50 días”, obteniendo como respuesta de Jorge Flies un mensaje con la frase “A disposición”.

“Estas últimas gestiones habrían sido realizadas habiendo ya asumido la Presidencia Gabriel Boric Font y respecto de Ministerios en que éste ejercía directa jefatura, pudiendo mantener de forma paralela un posible vínculo personal con miembros de la Fundación Procultura, haciendo necesaria y justificada la medida de interceptación a fin de indagar una posible intervención de éste en el proceso de asignación de convenios, lo que se ve refrendado por antecedentes directos que se detallarán”, explicó Cooper.

“Gasté esta plata en la campaña del Boric”

Dentro de los antecedentes que Cooper le dice al tribunal que posee y que “justifican” la interceptación de comunicaciones del Presidente están los “otros pinchazos” que ya hizo la PDI y desde el cual se desprenden conversaciones que hacen de Boric un “sujeto de interés” para los investigadores.

El 18 de octubre, la Brigada Anticorrupción transcribe una conversación de la fotógrafa Patricia Ilonka Csillag Pimsteim, quien es co-fundadora de la Fundación Procultura.

“El 14 de Octubre de 2024 recibe un llamado de una mujer que se identifica como “Lucía”. Fluye del contenido de la comunicación que conversan respecto a una suma de dinero que la Fundación Procultura le adeuda. En dicha conversación además interviene la Representante Legal de la Fundación, María Constanza Gómez. A lo largo de la misma, la interlocutora “Lucía” insiste en que se les había prometido recibir un dinero para saldar la deuda y menciona una conversación que tuvo con el Director Ejecutivo, Alberto Larraín Salas, donde a la solicitud de dinero que ésta le hizo, él le habría indicado: “no, gasté esta plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”“, se lee en el escrito.

Para Cooper, los supuestos dichos de Larraín y su afirmación “cobra relevancia a propósito de un posible financiamiento irregular de campañas políticas".

El origen del tsunami ProCultura

La primera vez que apareció ProCultura al ruedo fue en Valparaíso.

Ahí, mediante asignación directa, en el marco del Programa Asentamiento Precarios, entre la Fundación Procultura, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y el Servicio de Vivienda y Urbanización, de la Región de Valparaíso, denominado “Diseño de loteo, especialidades, obras de confianza y expediente de expropiación, Campamento Lomas de Bellavista, Manzana 33 y Las Viñas de Irene Frei, de la comuna de Villa Alemana”“.

El total de lo suscrito fue de $248.373.378.

En esa línea, expone el fiscal Cooper al tribunal: “llama la atención en este caso que, aparte de las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República, previo a la suscripción del convenio, entre los meses de noviembre y diciembre de 2021, se generaron reuniones entre funcionarios del SERVIU de Valparaíso y la Fundación Procultura con el objeto de que se iniciaran trabajos con la mencionada fundación y levantar información sobre los productos que ésta podía realizar en el territorio, conllevando ello también visitas a los campamentos de la comuna de Villa Alemana a intervenir".

Los vínculos entre ONG y funcionarios públicos son parte de las sospechas que durante todo el escrito levanta Cooper, pues a su juicio el nexo es, justamente, la relación Larraín-Boric.

El llamado del Presidente

“Del análisis de los movimientos de la cuenta corriente de la Fundación Procultura y sus representantes legales, cuyo acceso fue autorizado judicialmente por vuestra señoría se produjo el hallazgo de transacciones sospechosas, cuyo análisis preliminar y de elaboración propia de esta Fiscalía se adjunta a esta presentación”, sostuvo Cooper.

En esa línea, se centra el investigador y su equipo, en la relación de Larraín con el militante de RD Sebastián Balbontín.

Junto con esto, Cooper expone la conversación entre Josefina Huneeus Lagos, expareja del siquiatra, de fecha 14 de Octubre de 2024 cuando recibe un llamado del Presidente Gabriel Boric Font.

“Fluye del contenido de la comunicación de Gabriel Boric Font que su relación con la Fundación Procultura se refiere a una relación personal con el Director Ejecutivo de la misma, Alberto Larraín Salas, con la ex cónyuge de éste, quien es su interlocutora, Josefina Huneeus Lagos, y de un posible contacto con la Representante Legal, María Constanza Gómez Cruz a propósito de trabajos que su ex pareja, Irina Karamanos Adrian, le habría realizado a la Fundación”, se lee en el documento.

En ese pasaje del texto, Cooper parafrasea la conversación interceptada entre Boric y Huneuss donde esta última le dice que Larraín andaba diciendo que él lo pensó para ministro de Salud o de Desarrollo Social, situación que no se concretó, pero que el Presidente le refiere que sí analizó su arribo a Mideso, pero que fue Izkia Siches quien “me lo bloqueó”.

“Posible financiamiento irregular de campañas”

Finalmente, Cooper sostiene ante el tribunal que -al menos para él y su equipo-, “resulta evidente que para esclarecer la existencia de los delitos que se investigan: fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias, y para determinar la posible participación de funcionarios públicos que pudieron intervenir en el proceso de transferencia de recursos a la Fundación Procultura”.

Junto con esto, el investigador apunta a que la diligencia ayudará también a esclarecer “un posible financiamiento irregular a campañas políticas”, y -en esa línea-, asegura que “llamando poderosamente la atención los vínculos entre el Presidente de la República Gabriel Boric Font con los líderes de la entidad privada, Fundación Procultura, es que surge la necesidad al Ministerio Público de investigar estos vínculos y determinar su posible implicancia en las decisiones respecto a la suscripción de los convenios de transferencia de recursos públicos”.

Iban a citar al Presidente por ProCultura

Pese a que el tribunal no quiso acceder al “pinchazo” del Presidente, Cooper le expuso que necesitan “indagar en una esfera más personal del sujeto respectivo y no se puede acceder a ellos si no a través de la diligencia de interceptación que se solicita en este escrito a SS, cobrando mayor relevancia la instrumentalidad de la medida solicitada atendido a que el sujeto de interés respectivo será citado a prestar declaración ante Fiscal en las próximas semanas”.