Casi diez meses han pasado desde que el gobierno anunció, el 31 de diciembre de 2024, la adquisición de las viviendas de los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende.

Sin embargo, la compraventa de la casa del exmandatario socialista generó fuertes cuestionamientos a la administración del Presidente Gabriel Boric, dada la inconstitucionalidad de la operación, ya que respecto del inmueble sus dueñas eran su hija, la entonces senadora Isabel Allende (PS), y la nieta, la exministra de Defensa, Maya Fernández (PS).

La cuestionada compraventa derivó en la destitución de la senadora socialista y en una investigación penal por parte del Ministerio Público, que indaga presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y fraude al Fisco.

A menos de un año de lo ocurrido, la investigación a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ya ha tenido avances y si bien aún se encuentra desformalizada, las diligencias solicitadas por el persecutor han ido trazando lo sucedido en la frustrada venta de la vivienda ubicada en Providencia.

Según fuentes de La Tercera, la investigación de Cooper ha puesto en el centro del presunto delito de tráfico de influencias a la exsenadora Allende, dadas las supuestas presiones que habrían ejercido desde su entorno para acelerar el proceso. Sin ir más lejos, entre los antecedentes de la carpeta de investigación incluso figura un diagrama que estuvo bajo reserva y en el que se mapean dichas gestiones. En esa red se posiciona como pieza clave a la emblemática exsenadora del PS.

El cerco de Cooper

Para llegar a esas determinaciones, y cerrar el círculo de la senadora, hasta ahora el fiscal ha encargado una serie de diligencias a la Brigada Investigadora Anticorrupción (Briac) de la Policía de Investigaciones (PDI).

La policía civil ha tomado declaraciones a testigos tanto de la familia, como de los ministerios de Bienes Nacionales, Culturas y el Patrimonio Nacional, y a funcionarios de la Contraloría. Además de eso, la Fiscalía también ha requerido informes a dichas instituciones, así como también al Servicio de Impuestos Internos (SII).

A la Contraloría, organismo encabezado por Dorothy Pérez, no sólo se le han solicitado antecedentes respecto a la tramitación del decreto que autorizaba la compra de la vivienda, sino que también información de los sumarios por el caso.

Por otro lado, el Ministerio Público intentó sin éxito levantar correos electrónicos de los involucrados, con el fin de conocer las comunicaciones por la venta. Esa solicitud fue negada por el tribunal, al igual que allanamientos.

A todo esto se suma que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha requerido información al ente persecutor para analizar los antecedentes. Esto, dicen fuentes conocedoras del proceso, podría derivar en una querella por parte del organismo encargado de defender los intereses del Estado.

Este tipo de diligencias, sostienen fuentes cercanas al círculo de la removida senadora, mantienen en alerta a su defensa y a sus cercanos, dado que conocen el estado actual de la indagatoria y están conscientes de que existe la posibilidad de que la militante socialista deba enfrentar a la justicia. Eso, pese a que ha negado tener participación en el proceso. La Tercera contactó a la defensa de Allende, pero la abogada Paula Vial no estuvo disponible para consultas sobre este tema.

Por su parte, el abogado querellante en este caso, el militante republicano y presidente de la Fundación Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara, afirma que “hemos sido claros en señalar que no creemos en la buena fe ni del Presidente ni de la exsenadora, y no por mero capricho, sino porque sus propios actos los desmienten”.

En esa línea, agrega que “esperamos que con los antecedentes ya reunidos, el Ministerio Público avance y se materialicen prontamente las primeras formalizaciones, porque existen fundamentos suficientes para iniciar el proceso penal contra los involucrados”.

Las sospechas por las presiones

Las sospechas por el presunto delito de tráfico de influencias surgieron luego de que en el marco del caso ProCultura, el fiscal Cooper tuviera a la vista las escuchas telefónicas del entonces jefe de asesores del Presidente Boric, Miguel Crispi.

Crispi reveló en una conversación telefónica con su madre, Claudia Serrano, que en lo ocurrido en este caso había mucha responsabilidad de la exministra Fernández, del abogado Felipe Vio y de la propia senadora. “O sea (Isabel Allende) llamó hasta al portero del ministerio. Weveando, weveando, weveando, que se haga, que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende”, afirmó en esa conversación.

Pese al contenido de esa escucha, en su declaración posterior ante los investigadores Crispi se desdijo y afirmó que “no tengo conocimiento o información” de que la ministra, ni la exsenadora ni el abogado tuvieron reuniones con el gobierno o con Boric para hablar de la casa.

Las declaraciones del ex hombre fuerte del Segundo Piso de La Moneda son uno de los principales antecedentes recopilados por Cooper. En calidad de testigo, más de 30 personas han sido citadas a declarar. En los testimonios de esas personas, en su mayoría funcionarios públicos, se da cuenta de cómo se tramitó el proceso.

Varios de los testigos han declarado que no sabían u olvidaron las prohibiciones constitucionales para hacer negocios con parlamentarios. Pese a esa negligencia jurídica, algunos de ellos también han revelado antecedentes que apuntan a las supuestas presiones, las que provendrían del círculo de la exsenadora.

Una de ellas es la exasesora jurídica de la exministra Marcela Sandoval (Bienes Nacionales), Muriel Letelier, quien ante la PDI relató las presiones que tuvo para visar el decreto para autorizar la compra de la vivienda de Allende, lo que finalmente concretó en “unos cinco minutos”.

Junto con eso, Letelier afirmó ante los investigadores que el jefe del Departamento de Adquisiciones, Felipe Lanchares, había comentado que Pablo Maino, jefe de División de Bienes Nacionales, estaba apurado para aprobar el documento: “Maino insistía mucho, llamándolo desde muy temprano hasta muy tarde, e incluso los fines de semana, todo para sacar el proceso en el menor tiempo posible”.

Pero además de eso, la funcionaria también dio las primeras luces de las influencias que jugó en ese ministerio el abogado y representante de la familia Allende, Felipe Vio, quien además es yerno de la senadora. Según dio cuenta, el esposo de Marcia Tambutti llamó a Maino para hablar sobre la primera tasación que se hizo al inmueble.

Sobre esas presiones, también dio cuenta el exjefe de gabinete de la contralora, Alejandro Riquelme, quien en su declaración apuntó a otra persona del círculo de la exsenadora. Se trata del jefe de gabinete de la militante socialista, Claudio Hurtado, quien en más de una ocasión le envió mensajes de WhatsApp para hablar de la toma de razón que tenía que hacer el ente fiscalizador al decreto que autorizaba la compra.

Riquelme también afirmó que el jefe de gabinete de la exsenadora lo llamó y que en esa llamada “Hurtado me solicita tramitar con prioridad el decreto supremo que habilita la compra, a lo que yo le respondo de manera protocolar que haremos lo posible. Para luego volver a escribirme mediante WhatsApp el día 23 de diciembre respecto al estado del decreto, a lo que le respondo que se había tomado de razón el viernes”.

Pese a que el abogado descartó posteriormente en su declaración ante la PDI que le hayan pedido hacer esas gestiones y que fue por “iniciativa propia”, igualmente afirmó que la compraventa del inmueble “era un asunto que estaba presente dentro de la oficina parlamentaria de la senadora Allende”. Un antecedente que también se suma al resto de los testimonios que podrían llevar a la militante del PS a enfrentar la justicia.