A todos los comandos de las candidaturas presidenciales hizo llegar la Asociación de Empresas de Seguridad y Transporte de Valores (ASEVA) una propuesta de cinco medidas concretas para fortalecer y modernizar la seguridad privada en Chile.

Entre las iniciativas del gremio está la idea de que las personas que egresen del Servicio Militar Obligatorio (SMO) lo hagan con la “licencia de acreditación” para desarrollar tareas de seguridad privada: guardias, rondines, conserjes, nocheros.

En concreto, lo que propone ASEVA es que el Estado genere y promueva las condiciones jurídicas, administrativas, académicas y de financiamiento para que los egresados del servicio militar reciban a su salida la acreditación de guardia de seguridad.

“Esta medida beneficiaría potencialmente a cerca de 4.000 personas por año, incorporándose al mercado del trabajo de la seguridad privada, el cual aumenta sostenidamente, fortaleciendo además el incentivo de los jóvenes por esta experiencia castrense, toda vez que se le entregarían herramientas concretas en su formación de cara a sus desafíos laborales y/o académicos; aumentando además, la formalidad del mercado de la seguridad privada”, sostiene la propuesta presentada a los candidatos presidenciales.

Al respecto, el presidente del directorio de ASEVA, Rodrigo Badilla Navas, defendió la medida y sostuvo que “entre tanta inversión pública, por los efectos que tiene en la coadyuvancia de la Seguridad Publica, el Estado debiera invertir y egresar a los conscriptos del Servicio Militar Obligatorio (SMO), licenciados y acreditados como guardia de seguridad, dándoles la capacitación respectiva y con examen rendido”.

Según explicaron en el gremio esta propuesta propendería al desarrollo profesional de los conscriptos, entregaría una oportunidad laboral e iría en la dirección de fortalecer la profesionalización de la industria de la seguridad privada. Todo esto sumado a la creciente demanda por tareas de Seguridad y que ha sido eje central de las candidaturas presidenciales.

“Se suele discutir los beneficios que importan a un joven al realizar el Servicios Militar, los más radicales sostienen es una pérdida de tiempo y los que lo realizan además arriesgan mucho y no ganan nada. Con esta iniciativa podrían encontrar rápidamente empleo, incluso part time para continuar su educación y su financiamiento, las remuneraciones no descienden de los $600.000 en promedio, pero los más calificados duplican y más esa cifra”, añadió Badilla.

Además, según plantearon en ASEVA sería provechoso para ellos insertar los “valores” del servicio militar como: “puntualidad, presencia, condición física, disposición a ayudar a otros”, a esta labor. Además, permitiría acortar la brechas de informalidad del mercado, que llegan a estimar en un 50% o más.

Las otras propuestas

El documento presentado a los candidatos presidenciales fue elaborado, según explicaron en el gremio, por un equipo técnico con experiencia en seguridad pública y privada, se enmarca en la entrada en vigencia de la Ley N° 21.659 y tiene otras cuatro propuestas.

La segunda, apunta a un régimen laboral especial. Es decir, se plantea la creación de un régimen legal específico para el rubro, que contemple la realidad operativa del sector, incluyendo turnos nocturnos, jornadas extensas y polifuncionalidad, tal como ocurre en salud o transporte.

Otras de las propuestas, busca la creación de una Superintendencia de Seguridad Privada. De esta manera, se propone una entidad autónoma con atribuciones técnicas, capacidad de fiscalización con enfoque de riesgo, y visión de desarrollo sectorial, que sustituya la actual dependencia exclusiva de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

También, dentro de las propuestas está la desburocratización de trámites y autorizaciones. En este punto, se pide digitalizar y simplificar procesos como la inscripción de cursos y autorizaciones operativas, para mejorar la capacidad de respuesta del sector ante la creciente demanda por seguridad.

Finalmente, una mejor evaluación de la idoneidad del personal. Acá, se propone permitir el acceso legal, bajo resguardo, a antecedentes judiciales relevantes como salidas alternativas o causas archivadas. Además, autorizar la aplicación de test de drogas vinculantes.