Poco más de dos años han pasado desde que el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó la renuncia a la ahora exembajadora de Chile en el Reino Unido Susana Herrera. Pero la salida de la exrepresentante diplomática en el país europeo aún tiene repercusiones, esta vez jurídicas, dado que el caso llegará hasta un juicio laboral.

Herrera fue removida de su cargo luego de que La Tercera diera a conocer que la entonces embajadora había gestionado ante el Gobierno Regional del Biobío un proyecto de US$ 5 millones por parte de una fundación del Rey Carlos III y que se implementaría en la localidad de Santa Juana, después de los incendios que afectaron la zona. La gestión de la arquitecta de profesión no había sido comunicada a Cancillería, lo que derivó en una mediática salida.

A raíz de aquello la exrepresentante del Estado chileno en el Reino Unido presentó una demanda en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores por tutela laboral, solicitando una indemnización de $190 millones y disculpas públicas de parte de Cancillería. En su acción laboral además pide que las disculpas sean notificadas a la monarquía británica.

En su escrito de 110 páginas presentado ante el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la exembajadora acusa que la cartera de gobierno generó, a raíz de la forma en la que ocurrió su salida, una afectación a su integridad física y psíquica, lo que constituye una vulneración a sus derechos fundamentales, así como también apunta a tratos “discriminatorios” e “inapropiados”.

En esa misma demanda de tutela laboral, Herrera aborda el supuesto desconocimiento de Cancillería a sus gestiones con el GORE Biobío, sosteniendo que “el Ministerio de Relaciones Exteriores siempre estuvo informado sobre estas gestiones, no existiendo indicaciones por parte de ninguna autoridad en orden a desistir de las gestiones realizadas o ajustarse a algún protocolo en específico”.

Tres intentos fallidos

La acción judicial en sede laboral presentada por Herrera, representada por el abogado Miguel Ángel Reyes, ingresó en noviembre de 2023. Desde entonces ha tenido una serie de intentos infructuosos para lograr un acuerdo entre la exembajadora y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), lo que finalmente derivará en que el caso llegue a un juicio.

Tras el ingreso de la demanda, en enero de 2024 y luego de que el CDE respondió, se llevó a cabo una primera “audiencia preparatoria”, donde las partes expusieron sus antecedentes y el magistrado intentó mediar por un acuerdo, según lo establece la normativa. En esa primera instancia las partes no estuvieron por llegar a un trato para dejar hasta ahí el caso y encontrar una salida acordada.

Seis meses después, en julio del año pasado, el abogado Reyes junto al CDE pidieron al tribunal la suspensión de la causa “con la finalidad de explorar bases de un acuerdo”. Vencido el plazo que entregó el juzgado, la causa se retomó dada la falta de un acuerdo entre la exembajadora y el Fisco.

El segundo intento, además del inicial, llegó en febrero de 2025, cuando las partes nuevamente pidieron detener la causa para intentar un nuevo trato. Tampoco sucedió y la causa se retomó en marzo.

Finalmente, y con la causa ya retomada nuevamente, en agosto pasado tanto el CDE como la exembajadora pidieron al tribunal, por tercera vez, un plazo para buscar una salida acordada al caso y evitar el juicio. En esa ocasión tampoco se llegó a esa salida, por lo que finalmente el tribunal fijó una audiencia para el 31 de marzo de 2026 en el que se llevará a cabo el juicio laboral entre el Fisco y Herrera.

El juicio

Quienes conocen de esta instancia, explican que el juicio fijado para marzo del próximo año se podría extender por varias semanas. Eso, porque pese a que el tribunal tiene regulada la forma en la que se desarrolla el juicio, las pruebas en este caso son muchas y variadas.

Dicho juicio debe comenzar con la exposición de las pruebas y testigos (máximo cuatro cada uno) por parte de la demandante y posteriormente por el demandado, en este caso el CDE en representación del Fisco. Tras varias jornadas, finalmente el tribunal cerrará los alegatos y se tomará un tiempo -no determinado- antes de dictar un fallo.

En esa resolución el tribunal deberá determinar si Herrera fue vulnerada en sus derechos por la forma en la que dejó la Embajada de Chile en el Reino Unido y si es que el Fisco es condenado a pagar la indemnización y pedir disculpas públicas, las que podrían llegar hasta la monarquía británica.

Consultado al respecto, el abogado de la exembajadora, Miguel Ángel Reyes, afirmó a La Tercera que esperan que este juicio “en lo comunicacional, repare la dignidad de nuestra representada; en lo práctico, que se la indemnice conforme a la normativa laboral”.