La semana pasada el Ministerio de Mujer ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley Cautelares Reforzadas, iniciativa que busca fortalecer la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar (VIF) y agresiones, además de incorporar herramientas para asegurar la continuidad, supervisión y cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, la subsecretaria de la Mujer, Marcia Raphael, entregó detalles del proyecto y destacó su relevancia en base al último informe de femicidios, correspondiente a 2024.

De acuerdo a ese análisis, de los 44 femicidios registrados ese año, el 20,8% fue cometido por personas que tenían medidas cautelares vigentes que fueron incumplidas al momento del crimen.

En ese escenario, Raphael explicó que este proyecto “permite fortalecer y coordinar mejor las medidas para que las mujeres, ese riesgo constante que tienen, pueda ser disminuido”.

En concreto, la iniciativa tiene cinco ejes: busca la protección continua entre tribunales; establece el hostigamiento digital como medida cautelar; propone más fiscalización y control en monitoreo de cautelares; prisión preventiva para quienes no cumplan las cautelares; y que se establezca un juez preferente en casos de VIF.

Sobre los objetivos, la subsecretaria explicó que se busca también que cuando el tribunal cuente con la información “adecuada, potente, profunda y segura” de que se cometió un delito, se “permita la prisión preventiva”.

En ese sentido, explicó que “cuando los riesgos son altos, cuando en reiteradas ocasiones se ha demostrado que no respetan la medida cautelar y continúan acercándose a la víctima, ahí existe la posibilidad también de declarar prisión preventiva, que hoy día no se declara”.

A eso sumó otra problemática que han detectado: el uso de la tobillera electrónica.

“Hoy día la tobillera electrónica solamente se puede instalar una vez que esté formalizada la persona. Entonces, lo que se pretende con este proyecto es que, dada la información que se tenga, que sea fuerte, que sea potente, que sea segura, permita también instalar la tobillera en personas que aún no son formalizadas”, indicó.

La subsecretaria señaló que en ese ámbito podrían existir “vacíos y que pueden ocurrir riesgos”.

“Por ejemplo, si a la tobillera electrónica el victimario le hace daño y la rompe, hoy día solamente se tipifica como un daño, y nosotros lo que queremos es que sea efectivamente tipificado más allá de eso, sino también que le permita tener la prisión preventiva en el caso del daño”, indicó.

La subsecretaria explicó que “cuando hacen el daño” a la tobillera, “sin duda el riesgo para la víctima es mayor. Porque claramente al hacerle daño a la tobillera, es porque lo que pretende es acercarse a la víctima sin ser descubierto”.

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