Otro episodio vuelve a sacudir al Consejo Regional Metropolitano en medio de las indagatorias que realiza la Comisión de Control Regional, creada para investigar los presuntos coaching electorales detectados por la Contraloría General de la República en el Informe 873 al gobernador Claudio Orrego.

La comisión tenía programado entregar sus resultados el 3 de septiembre; sin embargo, se encuentra en punto muerto debido a la solicitud de inhabilidad presentada por su integrante Carolina Oteiza (PS) en contra de los consejeros Álvaro Bellolio (UDI), Nicole Aguilera (UDI), José Pablo Soto (RN) y Sergio Morales (republicano), dejando la instancia sin quorum para sesionar.

Según pudo constatar La Tercera, durante una de las últimas sesiones de la comisión investigadora, Oteiza explicó que algunos integrantes de la comisión habían firmado previamente el requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) solicitando la cesación de funciones del gobernador y emitido opiniones públicas sobre hechos aún no resueltos por la comisión, lo que podría comprometer su imparcialidad en la revisión del Informe 873.

Recordemos que, hace menos de un mes, 16 consejeros regionales de la UDI, republicanos y una consejera RN ingresaron ante el tribunal electoral un requerimiento de destitución contra el gobernador Orrego, por múltiples razones, entre ellas el informe que hoy revisa la comisión. Por esta razón, Oteiza buscó inhabilitar a los consejeros implicados.

Ante esto, la estrategia tuvo efecto: las indagatorias de la comisión se detuvieron completamente, dejándola stand-by. Esto debido a que, según el reglamento definido por la misma comisión, no habría el quorum suficiente para poder sesionar y evacuar un informe de los hechos investigados.

Esto se reforzó con un estudio jurídico encargado por la consejera regional, que concluye en la existencia de posibles incompatibilidades de los consejeros mencionados.

Sin embargo, un elemento que crispó más el ambiente dentro de la comisión es que la empresa que elaboró el estudio jurídico, DLA Piper Chile, tiene un trato directo con el Gobierno Regional, lo que provocó reparos entre los propios consejeros.

Por esta razón, varios de ellos optaron por inhabilitarse temporalmente y presentar una consulta a la Contraloría General de la República para aclarar si su participación se veía comprometida debido a su vinculación con el requerimiento de destitución ingresado ante el Tricel con el gobernador Orrego.

Según uno de los integrantes de la comisión, José Pablo Soto (RN), “la instancia hoy no tiene quorum y no puede funcionar, porque se solicitó un pronunciamiento jurídico sobre la posible inhabilidad de tres consejeros que firmaron el requerimiento ante el Tricel”.

A eso agrega que “el informe concluye que efectivamente existe una incompatibilidad, dado que no pueden ser juez y parte, lo que deja paralizada la comisión y hace imposible cumplir con los plazos originalmente establecidos”.

Retraso en la información

A su vez, el avance de la comisión que investiga al gobernador Orrego, que actualmente lleva siete sesiones, se ha visto obstaculizado no solo por la solicitud de inhabilidad de sus miembros, sino también por una constante tensión en la entrega de información.

Se han solicitado antecedentes que no han sido entregados de forma oportuna ni completa. Por ejemplo, los detalles sobre las horas extraordinarias, los convenios con distintos proveedores y, en particular, las actas de las sesiones de “coaching” con la empresa Vera y Asociados S.A, poniendo en jaque la definición de las fechas de entrega.

Y según pudo constatar este medio, la respuesta del Gobierno Regional ha sido que parte de la información solicitada está en elaboración, es materia de sumario o no puede ser entregada debido a restricciones legales o administrativas.

Fechas incumplidas

El retraso pone en riesgo la continuidad de la instancia, que originalmente había sido creada el 18 de junio con 45 días hábiles de funcionamiento, es decir con fecha de término el 25 de agosto, algo que no se cumplió.

Frente a esto, el cronograma interno estableció que la última sesión se realizaría este 29 de agosto y a partir de esa fecha hasta el 2 de septiembre se realizaría la elaboración del informe y su entrega el 3 de septiembre, para su posterior aprobación o rechazo por el pleno. Sin embargo, tras la solicitud de inhabilidad, todo quedó en punto muerto.