"Esto va a ser un incidente muy aislado. Tiene un efecto muy corto en el tiempo porque no creo que tenga la capacidad de desvirtuar lo que Chile es como país, entonces es una cuestión muy puntual", con esas palabras el director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y Minería (Cesco), Juan Carlos Guajardo, evaluó este miércoles el fallido proceso, emprendido por el gobierno, para la licitación del primer Contrato Especial de Operación de Litio (Ceol), que terminó con la renuncia del hasta ayer subsecretario de Minería, Pablo Wagner.

El experto comentó que el episodio había sido "desafortunado", y que lo importante ahora es "tratar de avanzar hacia una cosa más armónica donde el litio sea algo que se pueda explotar porque tampoco se trata de desaprovechar la riqueza".

En esa línea comentó, que una de las prioridades es saber qué sucederá con los procesos judiciales por los que atraviesa la licitación en tribunales, ya que según comentó, mientras no se sepa qué ocurre con ello, no se dará espacio para el desarrollo de una nueva licitación.

"Primero hay que cerrar el proceso actual, porque hay reclamaciones sobre eso. Hay que terminar este proceso primero, mientras no se haga me parece irreal pensar en otro proceso", señaló.

No obstante, apuntó que es necesario definir una estrategia más clara respecto a lo que se va a hacer con el mineral.

"Tenemos que pensar un poquito más a fondo qué vamos a hacer, cómo se va a solucionar el tema del litio, porque si se fuerza otra licitación vamos a volver a repetir todas las confrontaciones, y aquí se necesita legitimidad para que esta sea una industria, una inversión segura a largo plazo como la minería lo requiere", precisó.

"Hay que discutir. Una posibilidad es discutir la concesibilidad, otra posibilidad es revisar todo el tema del contrato en el Salar de Atacama, hay que revisar cómo queremos llevar el desarrollo tecnológico del litio. Hay que dar un pensamiento muchísimo más integral a esto y no abordarlo por piezas o por partes", agregó.

Cabe recordar que el pasado 26 de julio, los senadores Isabel Allende (PS), José Antonio Gómez (PRSD) y Ximena Rincón (DC), junto a los presidente de las federaciones de trabajadores del petróleo y el cobre, Pedro Fierro y Raimundo Espinoza, respectivamente, presentaron ante tribunales una medida cautelar para anular el Decreto Supremo 16 de 2012, que permiten la licitación de la explotación del mineral.