LA SEMANA pasada se publicaron de manera simultánea dos artículos de prensa en medios electrónicos sacando a la luz inversiones realizadas por la matriz de inversiones del expresidente Sebastián Piñera en una empresa pesquera peruana, durante el litigio que tuvo nuestro país con Perú en La Haya. Como era de esperar, el caso ha sido objeto de amplia discusión política, sobre todo tomando en cuenta que el exmandatario evalúa una futura candidatura presidencial y la encuesta CEP inicia su trabajo de campo por estos días.

Aun cuando estos antecedentes inevitablemente serán aprovechados para obtener réditos políticos, el caso también entrega una serie de lecciones que pueden ser valiosas para efectos de reducir la posibilidad de incurrir en conflictos de interés que profundicen el descrédito de la actividad política. Desde luego, no parece prudente que presidentes en ejercicio o quienes aspiran a ser candidatos inviertan en países con los que Chile mantiene vínculos estrechos, sean éstos de naturaleza comercial o limítrofe, restricción que se hace aún más evidente si es que existe alguna controversia con nuestro país. En tal sentido, la inversión en esta pesquera peruana -aun cuando representa un monto muy menor en relación al patrimonio total del exmandatario- constituye una manifiesta imprudencia, especialmente porque en este caso existía un diferendo marítimo, y por lo mismo llama la atención que sus gestores no hayan advertido oportunamente la incompatibilidad que ello podía representar.

Sin embargo, pretender asignarle al expresidente oscuras intenciones para anteponer sus intereses particulares por sobre los del país constituye un exceso, sobre todo porque resulta inverosímil que toda la estrategia legal desplegada por nuestro país en la defensa de sus límites marítimos se viera debilitada en algún grado por una inversión menor. Por lo demás, el actual canciller reconoció que el expresidente defendió íntegramente los intereses nacionales en dicha controversia, y el agente que llevó la causa desestimó cualquier insinuación de que Chile no defendió enérgicamente sus derechos pesqueros.

Aun cuando es legítimo que ante las dudas que despierta esta inversión se busque esclarecer sus circunstancias -el propio expresidente ha manifestado su voluntad de cooperar en ello-, es inoficioso que la Cámara de Diputados haya conformado una comisión investigadora, basándose en una motivación muy débil, como la supuesta falta de dedicación a la defensa de los intereses de Chile. Es lamentable que los recursos y el empeño de la Cámara se focalicen en ello y no en su labor legislativa respecto de aquellos temas que aquejan a los chilenos, como la delincuencia, los problemas en los servicios de salud o el progresivo deterioro del mercado laboral.

Sin perjuicio de lo anterior, sería sano que el expresidente Piñera transparente definitivamente todos sus intereses, y despeje las dudas sobre la forma como administra su patrimonio, un tema que a pesar del paso del tiempo, aún no logra resolver satisfactoriamente. Tal exigencia de transparencia, por lo demás, debe ser asumida como un costo inherente a cualquiera que aspire a desempeñar una función pública, a la que se accede de manera voluntaria.