SE TRATA de una discusión muy difícil, donde por el hecho de mezclarse arraigadas convicciones morales y culturales, en un contexto de profundo drama y dolor para los involucrados, pareciera imposible lograr un acuerdo en torno a este tema. Nada de aquello, sin embargo, debe persuadirnos a desistir del debate, el que ojalá incluyendo más voces de las mujeres, le hará muy bien a nuestra comunidad política.

Lo primero es hacer una diferencia metodológica, pues no creo que entre partidarios y detractores del aborto haya siempre una genuina diferencia moral. Muchos de quienes abogan por legislar en torno a la interrupción del embarazo, lo hacen anclados en la convicción de que no existe un ser humano antes de cierto lapso en la gestación. Por más equivocada que a muchos les parezca tal idea, lo que no podríamos reprocharles, al menos en términos normativos, es que aquellos asignen un distinto y menor valor a la vida humana del que exhiben sus contradictores. En este caso, más que un presupuesto ético, se trataría de una diferencia empírica para dar inicio al debate.

Con todo, soy de los que sostiene que hay un ser humano desde el momento de la concepción. Mi postura no deriva de una convicción religiosa, sino de la creencia de que la vida es una condición binaria y no gradual. Dicho de otra manera, se es, o no, una persona; a diferencia de quienes adscriben a una perspectiva que, especialmente para la asignación de derechos y su correlativa protección, privilegian la idea de proceso o desarrollo. Si se sostiene lo primero y no lo segundo, pareciera que la concepción -dos cuerpos que se transforman en un tercero distinto- es donde con mayor nitidez y seguridad podemos constatar el inicio de la vida humana.

Puestas así las cosas ¿cuándo y bajo qué condiciones estamos dispuesto a poner fin a esa vida? La respuesta, tanto en términos morales como jurídicos, es siempre la misma: cuando debamos preservar bienes de igual o superior jerarquía. En efecto, las dos primeras causales enunciadas por Bachelet parecen circunscribirse en esta hipótesis. Es legítimo, incluso para muchos razonable y necesario, interrumpir el embarazo cuando sólo de esa forma se pueda preservar la vida de la madre o cuando no exista duda sobre la inviabilidad del feto, pero el de la violación es el caso más complejo. La estricta coherencia con lo anteriormente formulado nos debería llevar a sostener que incluso la integridad síquica de una madre, profundamente ultrajada en su dignidad, no es causal suficiente para poner término a otra vida.

Confieso, sin embargo, que incluso existiendo alternativas como la píldora del día después, me resulta chocante pensar que a continuación de todo ese sufrimiento, estemos además disponibles para perseguir penalmente a una madre que puso término a su embarazo después de haber sido brutalmente violentada. Y es por eso que, reconociendo mis vacilaciones para este último caso, apoyo la idea de despenalizar el aborto que promueve el gobierno.