Una corte federal de apelaciones emitió el martes un fallo que dificultará a los demandantes el cobro de indemnizaciones en juicios contra personas acogidas al programa de testigos protegidos.

La decisión de la Corte de Apelaciones corresponde al caso de Michael Townley, quien fue inscrito en el programa tras cumplir cinco años en prisión por su complicidad en el asesinato perpetrado en 1976 en Washington, D.C., del ex embajador chileno Orlando Letelier y su asistente.

Ambas víctimas perecieron debido al estallido de una bomba que había sido colocada en el vehículo en el que viajaban.

Townley, quien es estadounidense, había sido agente del servicio de inteligencia chileno durante el régimen militar de Augusto Pinochet, de quien Letelier era un prominente opositor.

Townley cooperó con fiscales federales y fue puesto en el programa testigos protegidos, el cual permite al secretario de Justicia federal cambiar la identidad y la residencia de aquellas personas cuya seguridad se encuentra en peligro por haber facilitado información a las autoridades.

Las evidencias de la implicación de Townley en varios crímenes continuaron saliendo a luz con el pasar de los años.

Uno de los crímenes fue la tortura y el asesinato perpetrado en 1976, en Santiago, del diplomático Carmelo Soria Espinoza, cuya viuda había obtenido en tribunales estadounidenses un fallo a favor de que Townley la indemnizara con siete millones de dólares.

La viuda, Laura González Vera, después demandó al secretario de Justicia y a Townley debido a que el Cuerpo de Agentes Armados de Estados Unidos había dicho que sería razonable que el acusado pagara 75 dólares semanales hasta que cubriera la cantidad.

Carmelo Soria Espinoza fue un diplomático español exiliado en Chile que se desempeñó como consejero del gobierno de Salvador Allende. También era miembro de la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Fue asesinado el 16 de julio de 1976 en Santiago.

González Vera invocó un extracto de la ley federal sobre el programa de testigos protegidos que demanda la designación por parte de la corte de un agente que ayude a cobrar una indemnización si el secretario de Justicia se rehusara a revelar la identidad y residencia de la persona protegida, como en el caso de Townley.

Una comisión de tres jueces había dictaminado que un agente designado por la corte podría ser utilizado para que ayude a cobrar la indemnización sólo si el testigo protegido no hace esfuerzos razonables para pagar el dinero.

El Departamento de Justicia había argüido que la disposición del agente sólo procedía si el testigo protegido no hace esfuerzos razonables para cumplir y que en esta instancia, Townley hacía esfuerzos razonables para pagar la indemnización.

En parte debido al peligro que supone revelar la identidad y ubicación de una persona protegida, incluso a un agente asignado por la corte, "pensamos que es claro que el Congreso intentara poner disponible al agente cobrador sólo si el secretario de Justicia determina que la persona protegida no realiza los esfuerzos razonables" para pagar, dijo el juez David Tatel en su decisión.

"Estamos conscientes que esta decisión deja a González Vera sin opción en este procedimiento, aunque esté insatisfecha de los esfuerzos para pagarle de Tonwley", señaló Tatel.

La decisión del juez ratifica el fallo de una corte inferior que había desechado el caso.