Histórico

El dolor de cabeza de Graña y Montero

La mayor constructora de Perú está salpicada con acusaciones de corrupción en el marco del "caso Odebrecht". Esta semana, su ex presidente ingresó a prisión. Las repercusiones del caso también se han sentido en Chile.

José Graña Miró Quesada (izquierda), ex presidente de Graña y Montero, desde este martes se encuentra en prisión preventiva por 18 meses.

Alas 16.45 horas del martes pasado, cuatro empresarios peruanos fueron recluidos en el penal Ancón I, en la ciudad de Lima. Permanecerán en prisión preventiva por 18 meses, en el marco del "caso Odebrecht", la investigación en contra de la constructora brasileña acusada de pagar coimas y sobornos a funcionarios públicos de 12 países.

Entre los empresarios que fueron encarcelados figura José Graña Miró Quesada, quien fue durante décadas presidente del grupo Graña y Montero, la principal constructora de Perú. Junto a él, también fue detenido Hernando Alejandro Graña Acuña, ex director de la compañía.

El grupo constructor fue salpicado con acusaciones de corrupción a comienzos de este año. Esto, tras una declaración judicial de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht, quien señaló que esta y otras empresas peruanas socias en proyectos sabían de los dineros supuestamente entregados por la firma brasileña a la campaña de Ollanta Hulama en 2011 y de las coimas a Alejandro Toledo para quedarse con una importante obra vial. Frente a las implicancias legales y comunicacionales de la imputación, en febrero pasado ambos directivos de la compañía peruana renunciaron a sus cargos.

La evolución del caso se sigue con especial atención y muy de cerca en Chile, y aunque Graña y Montero ha calificado como falsas las acusaciones, sus repercusiones de alguna manera también se han sentido por este lado. Ello, pues el grupo tiene presencia directa en nuestro país desde hace más de cinco años, donde está presente en los rubros de la construcción, servicios eléctricos y tecnológicos. Además, en su mesa directiva en calidad de director independiente está Pedro Pablo Errázuriz, ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones del gobierno de Sebastián Piñera.

Errázuriz entrega su visión de los hechos ocurridos esta semana. "Se trata de una prisión preventiva que tiene como objetivo únicamente investigar, detrás no hay ninguna acusación específica y más bien es una medida sólo con antecedentes circunstanciales". Agrega que "ambos directivos optaron por desvincularse del directorio en febrero para facilitar todo el proceso de investigación. Fue un gesto que hicieron para desligar a la firma de cualquier impacto que esto pueda generar, pese a tener la convicción de la inocencia".

El actual integrante de la mesa asegura que todo este tiempo han seguido trabajando y desarrollando proyectos con plena normalidad en todos los países donde tienen operaciones, de manera independiente de la arista judicial que enfrentan los ex directores; no obstante, Errázuriz también admite que el tema mantiene expuesta a la compañía. "Obviamente, un caso de esta naturaleza causa algún impacto a nivel de imagen y reputación, aunque creemos que hemos tomado todas las medidas que correspondían. De todas maneras, seguimos muy atentos a cómo evoluciona la situación, la monitoreamos de cerca. Estamos tranquilos, porque hemos colaborado en todo lo que se nos ha pedido y también estamos preparados para seguir cooperando".

Desde que estalló el caso, menciona, Graña y Montero ha reforzado los controles y fortalecido los procedimientos para evitar cualquier eventual conducta ilícita.

Errázuriz enumera algunos de los cambios internos que han implementado. "Tenemos una organización sana y sólida. Se cambió casi la totalidad del directorio, se creó un comité especial de riesgo que hace un seguimiento detallado y permanente, trajimos un experto internacional para el área de riesgo y se cambiaron algunos ejecutivos de primera línea. Hemos hecho esfuerzos importantes de transformación", subraya.

Junto con lo anterior, menciona que hace cerca de 30 días conocieron los resultados de una investigación independiente que encargaron al estudio de abogados estadounidense Simpson Thacher & Bartlett para que realizara un análisis exhaustivo, desde el año 2004 en adelante, de todos los procedimientos de la compañía. "Los resultados fueron concluyentes: no encontraron ningún indicio o evidencia de corrupción. De todas maneras, no relajaremos las medidas preventivas que hemos tomado", acota Errázuriz.

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