POR ESTOS días diversas autoridades han renunciado a sus cargos para enfrentar desafíos electorales. Entre los casos conocidos, causó sorpresa el de dos concejalas recientemente reelectas, las que renunciaron -sin siquiera haber alcanzado a asumir su nuevo mandato- para competir por un cupo en el Congreso. Toda persona es libre para elegir dónde representar a los ciudadanos y es bienvenido que quienes actualmente sirven desde un cargo se abran a tomar nuevos desafíos. Sin embargo, se espera un mayor profesionalismo de las autoridades y sus partidos de modo de evitar que la imagen de la clase política se siga deteriorando.

Las concejalas -una de la UDI, por la comuna de Santiago, y la otra de RN por Providencia-, serán sustituidas por la primera mayoría de sus listas que no haya resultado electa, conforme la normativa vigente. Si los partidos sabían de las aspiraciones de sus postulantes debieron haber evitado que compitieran en las elecciones municipales. Si bien alcanzaron altas votaciones, lo que les permitió mantener sus cupos en el concejo municipal, ello se hace a costa de la credibilidad del proceso y del respeto que merecen los electores que, por variadas razones, confiaron en ellas y no en quienes las reemplazarán.

En caso contrario, si las personas en cuestión solo se vieron motivadas para competir en las legislativas debido a los buenos resultados electorales de su sector en dichas comunas, es cuestionable que los partidos no impongan ciertas restricciones y no prevean con anterioridad este tipo de situaciones que defraudan a los electores, tal como ha ocurrido cuando parlamentarios súbitamente han pasado a desempeñarse como ministros de Estado.