Chile enfrenta una crisis de natalidad que ya no puede ser tratada como un asunto privado, lateral o meramente estadístico. La tasa global de fecundidad llegó en 2025 a 0,99 hijos por mujer: la más baja desde que existe registro, muy por debajo del nivel de reemplazo de 2,1 y entre las más bajas del mundo. Las proyecciones son igualmente inquietantes: hacia 2028 las defunciones superarían a los nacimientos. No se trata, entonces, de una alarma exagerada, sino de un cambio estructural.

La primera clave es esa: la natalidad importa porque muchas de las instituciones sobre las que descansa nuestra vida común fueron construidas sobre un supuesto básico: que una generación reemplaza a la anterior. La economía, el mercado laboral, los sistemas de salud, los cuidados, las pensiones y la propia organización familiar operan, en mayor o menor medida, bajo esa premisa. Cuando ese reemplazo deja de producirse, no estamos solo ante menos nacimientos, sino ante una alteración profunda del equilibrio social. Una sociedad que envejece aceleradamente y en la que nacen cada vez menos niños debe preguntarse cómo va a sostener sus vínculos, su productividad, sus cuidados y su pacto intergeneracional.

La segunda clave es que el problema no puede reducirse a dinero. Por cierto, los factores económicos pesan y mucho: el costo de la vida, la vivienda, la inestabilidad laboral, la falta de cuidados, la equidad de género y la dificultad para conciliar trabajo y familia inciden directamente en la decisión de tener hijos. En Chile, por ejemplo, se identifican como barreras relevantes el costo de criar, el acceso a vivienda adecuada, la insuficiencia de apoyos y cuidados, y la rigidez laboral. Pero la evidencia comparada muestra que los bonos, subsidios o transferencias, por sí solos, suelen tener efectos limitados.

Por eso la conversación debe ser más amplia. La caída de la natalidad también expresa transformaciones culturales: cambios en el valor atribuido a la crianza, en las expectativas sobre la maternidad y la paternidad, en la formación de parejas, en la estabilidad de los vínculos y en los proyectos de vida de las nuevas generaciones.

La tercera clave es quizá la más importante políticamente: hablar de formar familias no es una aspiración conservadora ni supone volver a una nostalgia restauradora. No se trata de imponer un modelo único de vida, ni de transformar la política pública en una batalla valórica. Al contrario, se trata de tomar en serio la autonomía. Porque esta no existe en el vacío. Las decisiones libres no se toman en abstracto, sino en contextos concretos que habilitan o restringen las opciones disponibles.

No tener hijos porque no se cuenta con vivienda, porque la maternidad puede castigar la trayectoria laboral, porque faltan redes de cuidado, porque el mercado laboral es incompatible con la vida familiar o porque la crianza aparece como una carga imposible de sostener no equivale necesariamente a una elección. En esos casos, decir que alguien “eligió libremente” no basta. La libertad formal puede convivir con una profunda falta de condiciones basales para elegir.

La verdadera autonomía no consiste en celebrar cualquier decisión como si todas se tomaran en igualdad de condiciones. Consiste en construir un entorno donde las personas puedan decidir con posibilidades reales. Solo cuando existen esas condiciones —económicas, laborales, culturales, afectivas e institucionales— la decisión de tener o no tener hijos puede ser verdaderamente libre.

Chile llega tarde a esta discusión, pero no necesariamente llega condenado. La evidencia internacional muestra que no hay recetas mágicas y que ningún país ha logrado revertir una fecundidad bajo 1,0. La pregunta de fondo no es solo cuántos niños nacerán en Chile. Es qué tipo de sociedad queremos ser; una que deja que las condiciones hagan imposible formar familia para muchos, o una que entiende que abrir esa posibilidad es también una forma profunda de libertad.

Por María José Naudon, abogada