Hace ocho años Chile tomó una decisión histórica: dejar atrás un modelo municipal fragmentado, desigual y debilitado, para reconstruir un sistema nacional de educación pública capaz de ofrecer calidad y coherencia en cada rincón del país.

La Ley 21.040 no fue solo un cambio administrativo; fue la afirmación de un pacto: garantizar a todas y todos los estudiantes condiciones dignas para acceder a aprendizajes de excelencia, sin importar su comuna, su contexto o las capacidades financieras de su municipio. Esa convicción —que el Estado debía recuperar su responsabilidad— es la que celebramos hoy.

El diagnóstico que motivó esta reforma fue claro. Más de tres décadas de administración municipal habían generado profundas brechas de infraestructura, desequilibrios financieros persistentes, inequidad en los equipos y una ausencia de conducción estatal que impedía sostener un proyecto educativo común. Ese sistema agotado ya no podía corregir desigualdades ni asegurar aprendizajes consistentes a nivel nacional.

La Nueva Educación Pública surgió para responder a esa urgencia. Su diseño creó los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) como sostenedores especializados, articulados en red, con estándares claros y un foco explícito en el núcleo pedagógico. La ley estableció principios que hoy orientan al sistema: calidad integral, inclusión, participación y pertinencia territorial. Ese enfoque ha permitido que la reforma trascienda a los gobiernos y se consolide como una política de Estado.

Los avances de estos ocho años son evidentes. El sistema cuenta hoy con 26 SLEP en funcionamiento y llegará a 36 en enero, en un proceso que concluirá con 70 SLEP en régimen hacia 2030. La evidencia educativa muestra mejoras: incrementos en los resultados de aprendizaje —particularmente en matemáticas—, mejor asistencia, disminución de la desvinculación y un acompañamiento pedagógico cada vez más robusto. A ello se suma un sistema de monitoreo de nueve dimensiones que permite anticipar riesgos y ordenar la gestión con criterios objetivos y transparentes.

La inversión en infraestructura también marca un cambio sustantivo: más de 1.300 proyectos ejecutados en cuatro años y el uso sistemático del catastro nacional para planificar obras que aseguren condiciones habilitantes básicas y mayor seguridad para estudiantes y trabajadores. En paralelo, la legitimidad del sistema se ha fortalecido mediante la participación democrática: más de 100 mil personas votaron en las elecciones de Consejos Locales y el padrón actual supera las 500 mil.

Persisten desafíos importantes: asegurar un financiamiento estable y suficiente, completar los traspasos con estándares rigurosos, reforzar dotaciones técnicas y pedagógicas, y consolidar una arquitectura institucional que permita avanzar definitivamente desde la instalación hacia el funcionamiento pleno. También es imprescindible aprobar la reforma a la Ley 21.040, destinada a corregir nudos críticos en gobernanza, financiamiento y articulación interinstitucional.

A ocho años, la educación pública chilena es distinta. No porque haya resuelto todos sus desafíos, sino porque cuenta con una institucionalidad capaz de enfrentarlos. La NEP aprende de sus crisis, corrige su rumbo y avanza hacia un modelo más coherente, transparente y cercano a las comunidades. Hoy contamos con una política de Estado que ha atravesado tres gobiernos —la presidenta Bachelet y los presidentes Piñera y Boric—, que no retrocede, que se evalúa permanentemente y que reconoce su diversidad territorial como una fortaleza.

Ese es el compromiso que renueva este aniversario: seguir construyendo una educación pública que garantice el derecho de cada niño, niña, joven y adulto a una trayectoria educativa segura, continua y de calidad.

Por Rodrigo Egaña Baraona, Director de Educación Pública