Chile no se cae a pedazos, pero sí enfrenta problemas graves en materia de seguridad, narcotráfico y crimen organizado, corrupción, crecimiento económico, salud y vivienda, que son el principal legado del actual gobierno. Si hay algo que caracteriza a este gobierno es la frivolidad con la que han gobernado, cuyo síntoma más visible es la pésima gestión. El mal cobro en las cuentas de la luz, el gas a precio justo, la compra de la casa de Allende son los casos más bochornosos, pero los más graves son las listas de espera en salud que alcanza casi tres millones de personas, el 8,5% de desempleados, que en el caso de las mujeres alcanza su nivel más alto desde 2011(excluyendo la pandemia), el aumento exponencial de asentamientos informales, la fuerte caída en la construcción de viviendas sociales, las magras cifras de crecimiento económico y el incumplimiento reiterado de las metas fiscales. Ello explica en gran parte el auge que ha tenido la derecha radical.

Con todo, no debemos olvidar que esta elección es menos polarizada que la anterior. Es verdad que el lenguaje en materia de seguridad se ha endurecido, pero si analizamos los programas, advertimos que mientras el programa de Jara es social demócrata, el de Boric implicaba la materialización de la primera propuesta constitucional. Por su parte, Kast parece haber aprendido la lección que dejó el segundo proceso constituyente. Su actual programa renuncia a la batalla cultura, abandonando los temas valóricos y concentrándose en los temas que aquejan a la gente.

La última encuesta CEP muestra que la seguridad es por lejos el tema que más preocupa a los chilenos. Esta preocupación es transversal por género, edad, años de educación, zona geográfica, grupo socioeconómico e incluso posición política. De ahí que el próximo presidente sea electo casi exclusivamente por su capacidad de garantizar seguridad y no por su ideología, valores o políticas sociales. La tarea no será nada fácil. La lucha contra la delincuencia y el crimen organizado no es un asunto de mera voluntad política, exige estrategia, conocimiento, recursos y formación de capital humano especializado. Por otra parte, ante la expansión del crimen organizado se vuelve indispensable fortalecer las instituciones del Estado, creando mayores controles que, por una parte, sirvan de disuasivos y, por otra parte, permitan detectar los casos de corrupción. La principal amenaza del crimen organizado no son los raptos y descuartizamientos que aterran a la población, sino la captura silenciosa del Estado, así lo evidencia la experiencia internacional. En este último año hemos conocido algunos casos de corrupción, pero probablemente son solo la punta del iceberg. Esta será la madre de todas las batallas, donde lo que está en juego es el Estado de derecho y la propia democracia.

Pero es muy difícil ganarle al narco en un contexto de alto desempleo y un Estado ineficiente. El narco aflora ahí donde está ausente el Estado, otorgando trabajo, seguridad, ayuda social y hasta estatus. La actividad delictual resulta especialmente atractiva para los jóvenes, proporcionando sentido de pertenencia, dinero y drogas. Ello explica el aumento de 87% de infractores menores de edad en los últimos cuatro años. ¿Qué ofrece el Estado a cambio? Frustración y desesperanza. Las comunas con mayor número de infractores menores de edad per cápita destacan por la baja calidad de los liceos públicos. En la mayor parte de estas comunas, sobre el 70% y el 60% de los estudiantes de segundo medio de liceos públicos tienen un nivel de logro insuficiente en las pruebas de matemática y lectura del SIMCE, respectivamente (Palacios 2025). La educación pública debiera estar en el corazón del próximo gobierno, la segunda vuelta es una oportunidad para visibilizarla.

Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP.