El crecimiento exponencial de la matrícula en la educación superior, si bien promovió la movilidad social, tuvo un efecto devastador en las carreras de pedagogía. El sistema universitario chileno pasó de ser selectivo a uno masivo y altamente heterogéneo. Este crecimiento se dio al alero de las carreras de “tiza y pizarrón”, como derecho, administración, psicología y, por supuesto, las pedagogías. El golpe fue doble. Por una parte, creció la oferta de carreras “prestigiosas” como derecho o psicología aumentando la competencia con las carreras de educación y, por otra parte, el crecimiento de la oferta de las pedagogías necesariamente disminuyó su selectividad. Las consecuencias son conocidas; las carreras de educación concentraron a los estudiantes de peor rendimiento académico. Sólo para que se hagan una idea, en 2011 el 73% de los egresados de las pedagogías no había rendido o superado los 475 puntos en la PSU y los puntajes de corte de las carreras de pedagogía bordeaba los 300 puntos.

Las leyes de carrera docente y acreditación obligatoria de las pedagogías fueron la respuesta a ese lapidario diagnóstico. Ambas buscaban elevar el prestigio de la profesión docente, asegurando un piso mínimo de exigencia académica y elevando las remuneraciones. Sin duda estas políticas han tenido un efecto positivo, pero lamentablemente insuficiente. La carrera docente elevó de forma importante las remuneraciones, especialmente al inicio de la profesión, pero todavía su estructura es poco atractiva pues no premia suficientemente el mérito. ¿Por qué un estudiante va a estudiar pedagogía si puede estudiar derecho, que ofrece una remuneración significativamente mejor? Según el SIES, el puntaje promedio PAES del programa de educación general básica en la Universidad de Chile fue de 679 puntos y el ingreso promedio al cuarto año de $1,1 millones, una remuneración más baja que la remuneración promedio de los titulados de derecho de la Universidad de las Américas, cuyo promedio en la prueba PAES fue de 546 puntos. Si comparamos las remuneraciones promedio de los egresados de pedagogía con otras carreras a fines observamos que la brecha se incrementa con el tiempo.

La ley de carrera docente también elevó los requisitos para estudiar pedagogía, en línea con la evidencia internacional. Ello junto con la acreditación obligatoria provocaron entre 2016 y 2025 el cierre de 460 programas de pedagogía y una reducción de la matrícula cercana al 40%. Esta reducción ha sido beneficiosa, pero no para las arcas de las universidades. Las pedagogías pasaron de ser un buen negocio a uno no rentable; la acreditación elevó el costo de formar a los docentes y la exigencia de puntaje disminuyó la demanda por estos programas. He ahí el pataleo de las universidades que hoy exigen reducir los requisitos para estudiar pedagogía. Argumentan que estas exigencias están generando escasez de profesores. Sin embargo, este argumento se cae a pedazos. Actualmente, el SIES reporta cerca de 63.500 alumnos en programas de pedagogía. Ello no parece en absoluto desproporcionado considerando el universo total de profesores y la actual tasa de fecundidad de 1,03 hijos por mujer. Es cierto que la distribución es desigual por programas y que actualmente tenemos escasez en algunas áreas, pero la principal escasez que tenemos es la de buenos profesores. ¿De verdad alguien cree que la escasez de buenos docentes la vamos a solucionar bajando los requisitos para estudiar pedagogía? Cualquier medida que sacrifique calidad solo profundizará la crisis de prestigio de la profesión docente, comprometiendo la calidad de la educación de nuestros niños. Es triste constatar una vez más que el interés económico de las universidades pesa mucho más que el derecho a una educación de calidad de nuestros niños.