Dicen que una rana saltaría de inmediato al caer al agua hirviendo, pero si primero la sumerges en agua fría y vas elevando la temperatura, termina cociéndose sin percatarse. El agua de la olla del mercado laboral se ha ido calentando desde hace un buen tiempo y, en los últimos doce meses, apenas se crearon 141 empleos, la cifra más baja sin atravesar una crisis, desde diciembre de 2009.

Esta preocupante situación se manifiesta claramente cuando nos comparamos con otros países. Hace diez años, Chile figuraba entre los diez países de la OCDE con las tasas de desempleo más bajas; hoy nos ubicamos entre los tres países con tasas de desempleo más altas. Asimismo, de los 111 países que reportan sus cifras de empleo al FMI, Chile se ubica dentro de las 24 economías con la tasa de desempleo promedio más elevada en el periodo 2022–2024.

En diciembre de 2024, el Banco Central advertía en su Informe de Política Monetaria (Ipom) que la dinámica salarial mostraba un comportamiento excepcional frente al estancamiento del empleo. Tras la recuperación de los salarios reales -impulsada por la elevada inflación de años previos y los ajustes al salario mínimo-, diversos expertos laborales se hicieron eco de esta inquietud. A ello se suma la reducción legal de la jornada a 40 horas, que ha elevado el costo unitario por trabajador; factores que podrían explicar por qué las empresas, sobre todo las pymes, frenan nuevas contrataciones o, en el peor de los casos, optan por despidos para mantenerse a flote.

Es bastante evidente que las causas de la emergencia laboral son principalmente locales. Con cada alza del salario mínimo, cada hora menos de trabajo y cada costo adicional que incorporamos a las empresas para realizar sus inversiones, subimos gradualmente la temperatura del agua. Y los efectos están a la vista.

Ese desajuste golpea con especial dureza a las mujeres: su desempleo llegó al 9,9 % (1 punto porcentual sobre el promedio). Esto revela cómo las medidas impulsadas golpean con más fuerza a los sectores donde trabajan mayoritariamente mujeres. Al mismo tiempo, el retraso en la sala cuna universal se convierte en un obstáculo para recuperar su participación laboral.

Con este panorama, resulta preocupante que el gobierno y los programas presidenciales promuevan iniciativas que profundicen la actual emergencia laboral. Por ejemplo, la negociación ramal, que estandariza convenios colectivos por sector sin ajustar según el tamaño de la empresa, puede asfixiar a las micro y pequeñas firmas, obligándolas a aplicar cláusulas pensadas para grandes corporaciones.

De igual modo, fijar un “salario vital” de $750 000, muy por encima de los niveles de mercado y sin vinculación gradual con la productividad, terminará excluyendo del empleo formal a los trabajadores de menor calificación. Al imponer un piso salarial tan elevado, muchas empresas pierden capacidad para crear nuevos puestos, se fomenta la informalidad y un porcentaje importante de la población queda sin oportunidades laborales.

En el empleo neto, lamentablemente solo 141 personas mejoran su situación respecto al año anterior. Nuestro mercado está en una emergencia y las causas son internas: 900 000 desempleados y 240 000 puestos de trabajo para alcanzar niveles de ocupación prepandemia, con un impacto especialmente preocupante en las mujeres. Si no anclamos los salarios a la productividad y al ciclo económico, con un mercado laboral más flexible, terminaremos como la rana que ignora el agua hasta que hierve. Apaguemos ya el fuego que eleva los costos y rigidiza nuestro alicaído mercado laboral.

*El autor de la columna es académico en la Universidad de Los Andes y miembro del Instituto Libertad