SEÑOR DIRECTOR:

Ante el paro de profesores de 52 días en la Región de Atacama, es importante reflexionar cómo esto ha sido una práctica que se ha ido normalizando y las consecuencias que la suspensión de clases tiene en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes y en la reputación de la educación provista por el Estado.

Veamos algunos datos. En los cinco años anteriores a la pandemia, hubo escuelas públicas que estuvieron en total un año sin clases. No podemos inferir que es la única causa, pero en 20 años, alrededor de 800.000 estudiantes han migrado del sistema estatal al particular subvencionado, sin estos últimos presentar mejores resultados. En la última década, aunque la inversión en educación ha aumentado más del doble, los aprendizajes (medidos por Simce) han disminuido. A esto sumemos los efectos de la pandemia, donde Chile fue uno de los países con más días sin clases.

Hemos normalizado no tener clases como una manera de presentar nuestros reparos o malestares y, sin juzgar las razones de la respectiva movilización, no estamos considerando que los principales afectados por la paralización son los alumnos y su aprendizaje.

No queremos desconocer lo compleja que ha sido la situación de los docentes, pero no debiesen ser los estudiantes quienes sufran las consecuencias nuevamente. Alternativas de movilización hay muchas, ejemplos de soluciones a nivel internacional hay por doquier, pero la paralización de clases, cualquiera sea la razón, es lo que tiene mayor efecto negativo si pensamos en el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.

Considerando la gravedad de este y otros tantos casos de suspensión de clases a nivel nacional, ¿qué estamos esperando para tomar medidas que eviten la suspensión de clases?

Tomás Recart

Director Ejecutivo de Enseña Chile