En lenguaje vulgar, se trató de ganar el quién vive. A esto, en esencia, puede reducirse el anuncio presidencial de que Chile nominará a la expresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de la ONU por los próximos cinco años. Este tipo de estrategia no es usual en la prudente diplomacia chilena, pero es posible que el caso lo ameritase.

Nadie en Chile sabe más de la ONU que la propia expresidenta, de modo que consentimiento e información han sido una misma cosa en las últimas semanas.

De un lado se venían produciendo suficientes señales de que el proceso de elección podría adelantarse para fines de este año, dadas la inestable situación mundial y el agotamiento de la gestión de 10 años del actual secretario general, el portugués António Guterres. De otro, venían aumentando las eventuales candidaturas, sin que ninguna fuese formalizada. En las Américas habría unos siete postulantes, aunque sólo cuatro con posibilidades: el diplomático argentino Rafael Grossi, la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan, la primera ministra barbadense Mia Mottley y la exvicepresidenta ecuatoriana María Fernanda Espinoza.

Esta vez parece especialmente difícil conseguir un acuerdo regional para alinearse detrás de una sola candidatura. En tal caso, Grynspan y Mottley partirían con cierta ventaja si pudiesen acumular los numerosos votos de Centroamérica y el Caribe. Pero es probable que la manera de lograr el consenso sea con una candidatura que vaya mostrando viabilidad en forma progresiva. La presentación de Bachelet ya cuenta con el respaldo no oficial de Lula y Gustavo Petro.

Para ser elegida, una persona debe concitar el apoyo de al menos nueve de los 15 miembros del Consejo de Seguridad. La clave, sin embargo, es evitar el veto de alguno de los cinco miembros permanentes.

El obstáculo mayor es, desde luego, el Estados Unidos de Donald Trump, que también es el principal financista de la organización. Sin embargo, no se debe dar por anticipado el veto de Trump: su actuación dependerá de la evaluación que en su momento haga el secretario de Estado Marco Rubio. Un tanto más enigmática es la actitud de China: al final de su gestión como alta comisionada para los derechos humanos, Bachelet presentó lo que hasta ahora es el único informe crítico sobre la situación interna de China. El documento no tuvo efectos mayores -no llegó a ser votado-, por lo que el daño eventual al gobierno chino quedó contenido y minimizado. Pero hay quien dice que China nunca olvida.

La puesta en escena con que el Presidente Boric anunció la candidatura es materia polémica. Entre otros detalles, es imprudente haber instalado en los asientos de la delegación al presidente del Senado, Manuel José Ossandón, casi como el simulacro de un acuerdo institucional que aún no existe. Ni la oposición ni los otros poderes del Estado podían ser informados previamente, so riesgo de perder el elemento de sorpresa. Pero hay distancia entre esa cautela y la simulación del respaldo del Senado.

Más allá del apoyo del próximo gobierno -que lo tendrá-, la candidatura a la secretaría general es un asunto caro, más caro de lo que al parecer puede sustentar la Cancillería, a juzgar por los episodios bochornosos de ahorro comunicados por algunas embajadas (como la de Colombia, que anunció la suspensión de la recepción de Fiestas Patrias por falta de presupuesto). Requiere la instalación de un equipo especializado, un presupuesto dedicado y un complejo diseño de acciones. Además, hay costos no monetarios, como todos los compromisos de apoyos futuros que hay que negociar.

Naturalmente, el honor de estar en esa posición parece superior a sus costos. ¿Lo es? Esto es más opinable. La ONU acaba de cumplir 80 años en uno de los peores momentos de su historia. La inmensa utilidad que tuvo como órgano rector del orden mundial de la posguerra se ha deteriorado y muchos diplomáticos creen que la ampliación de alguno de los conflictos actuales (por ejemplo, Ucrania) podría liquidarla.

En los mismos 80 años, también se ha convertido en la mayor burocracia del mundo, con un ejército de funcionarios en algunas de las ciudades más caras del globo y un presupuesto que no ha cesado de crecer, asociado a un déficit endémico. La principal misión de quien suceda a Guterres será, sin duda, generar las condiciones para la paz en los lugares más sensibles, pero también reparar la quebrantada salud financiera de la institución. No cualquiera hace esto.

El secretario general de la ONU es elegido por cinco años, pero desde U Thant, a comienzos de los 60, y con la única excepción del egipcio Butros Butros-Ghali, todos han ejercido durante dos períodos, otra expresión de la dificultad de alcanzar consensos en el Consejo de Seguridad. Y atención: no es claro que sea el turno de las Américas, que ya tuvo a Javier Pérez de Cuéllar. Oceanía nunca ha tenido a ninguno.