El malestar social se encuentra en una “fase fría”. Existe, pero no parece haber clima para un apoyo amplio de la ciudadanía hacia la movilización que puedan promover distintos grupos de presión. Ocurre que el estallido social ha tomado la forma de un trauma más que de una oportunidad abortada. La violencia que convivió con la protesta democrática degradó centros urbanos y facilitó la instalación del crimen organizado, además de abrir un proceso político decepcionante. Pese a esto, muchos en el futuro oficialismo intuyen que las brasas no se han apagado y que su gobierno podría verse obligado a lidiar con masas en las calles. Sus aprensiones son fundadas.

La globalización de las comunicaciones ha producido una globalización del malestar. El año pasado, la Generación Z lideró protestas en Nepal, Indonesia, Sri Lanka, Timor Oriental, Filipinas, Bangladesh, Kenia, Madagascar, Marruecos, Camerún, Togo, México, Perú, Bulgaria y Serbia (Bloomberg Economics), y el Carnegie Protest Tracker registró el mayor número de grandes manifestaciones desde que el proyecto comenzó en 2017. Cada generación suele lidera por lo menos un momento de movilización social amplia, algo que en Chile aún no ha sucedido con la Generación Z. Esto puede explicarse por cierta afinidad de varios grupos de presión con el gobierno del Presidente Boric, pero también porque desde la pandemia hasta 2024 los episodios de protesta en el mundo fueron menores (Social Unrest Index 2024, FMI). Sin embargo, el aumento global de la movilización social y el antagonismo que muchos grupos de presión ven en el próximo gobierno hacen pensar en una alta posibilidad de incremento en las protestas.

Específicamente, el gobierno de Kast tiene una alta probabilidad de entrar en colisión desde el comienzo de su mandato con las organizaciones sindicales, que seguramente reaccionarán a medidas contempladas por el republicano para los primeros 90 días de su gestión, como los recortes al gasto público, cambios en la DT y modificaciones vía decretos en materia laboral. Pese a que no está en sus prioridades inmediatas, las indicaciones que pueda realizar al proyecto de FES podrían abrir un flanco con federaciones de estudiantes. También es muy probable una reactivación de movimientos feministas y es posible que jóvenes de clase media presionen por el costo de las viviendas y los arriendos, como ha sucedido en varios países. Fechas como el 8-M y el 1 de mayo entregarán una señal. El impacto que posibles episodios de movilización social puedan tener en la estabilidad del país dependerá de la adhesión ciudadana de la que goce (o no) la actividad de los grupos de presión que, por lo menos en un principio, se verá limitada por el recuerdo fresco y traumático del estallido social. Esto, a su vez, determinará el apoyo que la izquierda pueda ofrecer a las posibles movilizaciones, debate que estará cruzado por la cuenta electoral que en parte les significó la débil distinción entre protesta y vandalismo en 2019.

Por Rafael Sousa, socio en ICC Crisis, profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP