La pereza del Frente Amplio

La semana pasada se cumplieron cinco años de la promulgación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano formulada por una comisión presidencial donde me tocó participar, y cuyo principal objetivo era reducir la segregación urbana, tanto en barrios existentes, como en las 400 mil viviendas sociales que restan por construir para evitar que vuelvan a localizarse en los extramuros de la ciudad.

Se trata de un desafío complejo debido a la escasez de terrenos, su alto precio y las restricciones que fijan los planes reguladores comunales (PRC). Por ello el Ministerio de Vivienda y Urbanismo envió un proyecto de ley para crear "zonas de integración urbana" donde será posible construir más que lo indicado por los PRC, si los edificios incluyen viviendas sociales y se ubican cerca del Metro o en avenidas importantes. Además, propone concesionar terrenos fiscales a privados para que construyan departamentos con valores de arriendo accesibles para familias vulnerables.

Es un proyecto de ley interesante y complejo, que requiere una discusión potente en el Congreso para mejorarlo e implementarlo bien. Lamentablemente el Frente Amplio (FA) no estuvo dispuesto a participar y rechazó la idea de legislar. Sus argumentos fueron expuestos en un documento de solo dos páginas viralizado en redes sociales con el golpeador hashtag "lobo con piel de oveja" y en una columna titulada "Proyecto de Integración Social: ¿Qué hay tras las buenas intenciones?"

La tesis del FA es que este proyecto de ley no es más que un engaño para favorecer negocios privados. Un "traje a la medida" para las inmobiliarias, que se prestará para traficar influencias. Graves acusaciones sin evidencia, y lo que es peor, sin una propuesta alternativa para resolver la localización de viviendas sociales, impedir el veto que ejercen los PRC o reemplazar el rol de las empresas privadas que participan del proceso.

Ese nivel de improvisación es inaceptable en una coalición cuyos partidos reciben $ 270 millones anuales del Estado, además de $ 60 millones para asesorías parlamentarias. ¿No era posible destinar una parte de estos recursos para hacer una contrapropuesta seria? Nadie dice que aprobaran el proyecto de ley, pero no estar dispuesto a legislar, que es el trabajo por el que reciben abultados salarios, mandando una minuta por Twitter, parece más una estrategia para evadir la pega que una acción política seria.

Esta pereza del FA le está costando caro al país. Cada año que pasa con el sistema actual, son miles de nuevas familias que deben vivir hacinadas o pagando arriendos abusivos por piezas y conventillos. El Congreso debe ayudar legislando y no mandando minutas con nombres golpeadores, pero sin propuestas acordes con la magnitud del problema y los recursos que los parlamentarios reciben del Estado.