La principal hazaña del gabinete de José Antonio Kast reside en un diseño que proyecta amplitud sin recurrir a una coalición formal. Con 16 independientes —más que los perfiles abiertamente políticos—, el elenco logra reunir sensibilidades incluso contradictorias, desde posiciones liberales dentro de Evópoli, representadas por Francisco Undurraga en Cultura, quien en 2021 se desmarcó de su sector al apoyar un proyecto de despenalización del aborto; hasta posturas abiertamente conservadoras, como las de la socialcristiana Judith Marín en el Ministerio de la Mujer, férrea opositora al aborto en tres causales. Desde Evópoli, ese nombramiento fue leído como “una provocación” y una “declaración cultural”, alejada de la lógica del gobierno de emergencia. A este cuadro se suma la incorporación de dos figuras provenientes de la centroizquierda.

En este diseño, la diversidad parece operar como fachada para reafirmar los ejes centrales del Partido Republicano. La mayoría de los ministros se alinea con la matriz ideológica del partido, expresada tanto en el conservadurismo valórico como en un sello de gestión económica tecnocrático y orientado a los mercados. Esa misma diversidad funciona, además, como marco para absorber un anclaje identitario en el pinochetismo sin que el gesto monopolice el relato. El nombramiento de Fernando Barros en Defensa y de Fernando Rabat en Justicia y Derechos Humanos introduce esa referencia simbólica, pero queda amortiguada por un elenco más amplio. Pragmatismo en la forma, doctrina en el fondo. La única pieza ausente fue la del partido Nacional Libertario.

La diversidad del elenco no oculta que el gabinete responde a una lógica marcadamente presidencial, en la que los ministros llegan por confianza personal y perfil técnico. El riesgo de este diseño es que la pauta de selección reduce su autonomía política: los ministros actúan como extensiones directas del Presidente. En este contexto, el recambio ministerial tiene un costo político reducido: no altera equilibrios partidarios ni exige renegociaciones, lo que los convierte en verdaderos fusibles. Al quedar los partidos relegados a un rol secundario, el recambio deja de ser una negociación compleja y pasa a operar como mecanismo de disciplinamiento y reafirmación de la autoridad presidencial, normalizando las crisis de gabinete como herramientas recurrentes de control más que como instancias de resolución política.

Esta presidencialización reforzada entraña riesgos adicionales. Incrementa el aislamiento del Ejecutivo y debilita su base legislativa, en la medida en que el gabinete deja de funcionar como puente orgánico con el Congreso. En consecuencia, un liderazgo con escasas intermediaciones no se traduce necesariamente en mayor capacidad de respuesta frente a las emergencias. Por el contrario, las altas expectativas iniciales pueden transformarse rápidamente en frustración. La democracia permanece formalmente robusta, pero funcionalmente tensionada: más plebiscitaria y personalista, y por lo mismo más expuesta a ciclos de adhesión y desencanto.

Por Stéphanie Alenda, Directora de investigación FECS-UNAB, Directora del núcleo Milenio sobre crisis políticas en América Latina