SEÑOR DIRECTOR:

El miércoles recién pasado se ingresó el proyecto de reforma constitucional que permitirá habilitar la implementación del acuerdo por una nueva Constitución. Este hito desencadena una serie de gestiones y tareas, de distinto orden, que deben ser abordadas con gran rigurosidad y celeridad.

Uno de los aspectos que ha generado debate es el rol de técnicos y expertos. Al respecto, vale la pena precisar un par de puntos. El acuerdo consigna la generación de dos instancias que contemplan la participación de expertos, el Comité técnico de admisibilidad y la Comisión experta. Es evidente que la elaboración de una propuesta de texto constitucional requiere del conocimiento y experiencia de técnicos y especialistas, cuesta imaginar un proceso de este tipo prescindiendo de ese saber. En este sentido, la discusión debe encaminarse a buscar los mecanismos destinados a asegurar que el aporte de expertos estará al servicio de la deliberación del Consejo Constitucional.

Al respecto, me permito hacer dos sugerencias. La primera es asumir y valorar que los expertos tendrán un parecer técnico, pero también una matriz valórica e ideológica; no es sensato pedirles que suspendan sus coordenadas morales, más bien, hay que reconocerlas y transparentarlas. Lo segundo, dado que el parecer técnico estará mediado por esta otra perspectiva, deberán generarse espacios de genuino diálogo, en los que se discutan y construyan las alternativas técnicas que permitan implementar las principales determinaciones que la nueva Constitución formule.

Para prestar un buen servicio, quienes participen de estas instancias deberán transitar, citando a Weber, entre la “convicción” y la “responsabilidad”, articulándolas de modo realista y sensato. Pensar que deben permanecer solo en una de ellas, empobrecerá su aporte e impedirá avanzar.

Ricardo Carbone B.

Universidad Alberto Hurtado