Por estos días, el diagnóstico instalado por algunos estudios de opinión, parece haberse transformado en sentido común: la baja en la aprobación del gobierno de José Antonio Kast respondería a una supuesta desconexión con las prioridades ciudadanas o a una mala ejecución en materias sensibles como el costo de la vida. Sin embargo, esa lectura —tan repetida como superficial— confunde síntomas con causas.

El problema de fondo no es que el gobierno esté haciendo “lo incorrecto” en términos de lo que demandan los chilenos. De hecho, atribuirle responsabilidad por variables exógenas como el precio internacional de los combustibles no solo es injusto, sino intelectualmente poco riguroso. La evidencia comparada es clara: los gobiernos rara vez son evaluados exclusivamente por resultados objetivos, especialmente cuando estos dependen de factores fuera de su control.

El verdadero déficit es otro, más político que técnico: el gobierno no ha logrado instalar con claridad su agenda ni construir un relato coherente en torno a su principal promesa electoral. Seguridad.

Cuando un gobierno llega al poder con un mandato nítido —como fue el caso—, su principal activo no es la suma de políticas sectoriales, sino la capacidad de articularlas bajo un propósito común, inteligible y persistente. Y ahí es donde hoy se observa dispersión. Hay iniciativas, hay anuncios, pero no hay un hilo conductor que permita a la ciudadanía comprender hacia dónde se avanza ni con qué sentido.

La literatura en ciencia política es consistente en este punto. Autores como John Kingdon o incluso experiencias más recientes en Europa muestran que el éxito gubernamental no depende únicamente de “leer” bien la opinión pública, sino de liderarla: instalar temas, ordenar prioridades y persuadir a la ciudadanía de que el rumbo propuesto es el correcto. Gobernar es, en buena medida, disputar el marco interpretativo de la realidad.

Eso es precisamente lo que hoy falta.

Seguridad no puede ser solo un eje más dentro de varios. Debe ser el eje estructurante de toda la acción gubernamental. Y eso implica mucho más que reforzar policías o endurecer penas. Supone alinear a todo el gabinete en torno a un objetivo común, con medidas concretas y coordinadas.

Hacienda y Economía deben explicar cómo cada decisión presupuestaria fortalece la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado. Desarrollo Social tiene que reorientar sus programas hacia la prevención y desarticulación del narcotráfico en los territorios más vulnerables. Obras Públicas debe priorizar infraestructura crítica para el control fronterizo y la protección de activos estratégicos. Vivienda tiene un rol clave en la erradicación de enclaves tomados por bandas delictuales. Educación, por su parte, debe recuperar el orden en las aulas como condición básica para cualquier proyecto formativo.

Todo bajo un mismo relato: restablecer el orden.

Hoy, en cambio, lo que se percibe es fragmentación. Mensajes disonantes, prioridades difusas, una sensación de improvisación que erosiona la credibilidad incluso entre quienes apoyan al gobierno. Y en política, la percepción —bien conducida— termina siendo realidad.

Si el gobierno no logra ordenar su relato y alinear su acción en torno a la seguridad, la tendencia a la baja no solo continuará, sino que se profundizará con críticas internas y descolgados que buscarán llenar ese vacío. Pero si logra retomar el control de su agenda y comunicar con claridad un propósito consistente, aún está a tiempo de revertir el cuadro.

Porque gobernar no es solo hacer. Es, sobre todo, hacer sentido.

Por Juan Cristóbal Portales, socio de Swaylatam.com