El concepto de paz social se ha tomado varias de las campañas electorales tiñendo de incertidumbre el ejercicio del futuro gobierno. Nadie parece haber aclarado, no obstante, qué significa que el gobierno de un candidato promoverá mejor la paz social que el de otro o que una condición para que los empresarios puedan invertir es la paz social.

¿Hay acaso amenazas de una ola de protestas generalizadas en el país en caso de que triunfe algún determinado candidato? ¿Cuál es el futuro que quiere dibujarse para Chile?

Pensar que la paz social se relaciona sólo con la ausencia de movilizaciones y protestas sería reduccionista y equivocado, porque, aunque no existan protestas o disturbios, el país igualmente puede encontrarse fracturado por múltiples razones.

La paz es, ante todo, un valor social que supone que los desacuerdos y los disensos pueden canalizarse a través de vías adecuadas que impidan que se llegue al enfrentamiento.

De esa manera, la paz social está estrechamente unida a la democracia y al Estado de Derecho. A la democracia, porque ésta supone que, sobre la base de una sana deliberación, los conflictos pueden encauzarse debidamente a través del orden político e institucional. Y al Estado de Derecho, porque la protección de los derechos debe enmarcarse dentro de las reglas que la misma sociedad se ha dado para convivir civilizadamente y respecto de las cuales el rol de los tribunales resulta fundamental.

Por su parte, para que la paz social reine en una sociedad determinada se requiere el ejercicio constante de virtudes cívicas como la tolerancia, la moderación y la prudencia a fin de desterrar la lógica amigo-enemigo que obstaculiza todo diálogo basado en el reconocimiento mutuo.

La idea de un nuevo estallido social repugna a la mayoría de los chilenos y, para evitarlo, cualquiera sea el nuevo gobierno que asuma en marzo de 2026 deben cumplirse varias condiciones que descarten el peligro que algunas campañas presidenciales han pretendido levantar.

Estas condiciones son: a) La gobernabilidad vinculada a un gobierno que privilegie la lógica del entendimiento y los acuerdos; b) La seguridad, porque es imposible asegurar la paz social en el escenario de violencia y miedo en que hoy nos desenvolvemos; c) El adecuado énfasis en las políticas sociales relacionadas con el desenvolvimiento de una vida digna; d) La transparencia, porque la opacidad de las decisiones promueve sentimientos de incertidumbre, desencanto y frustración, y e) La reinvindicación del sentido de lo público para evitar que el ejercicio de los cargos de poder sea utilizado como una vía para obtener ventajas personales.

Ninguna de estas condiciones, no obstante, será posible de lograr sin una adecuada ética de la responsabilidad por parte de quienes aspiran a liderar la conducción de los asuntos públicos.

Así, todos queremos paz social, pero no a cualquier precio.

Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional UDD