En enero de 2026, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia dará a conocer los resultados de la Casen 2024. Por calendario, la publicación ocurrirá después del balotaje presidencial; por contenido, será una medición distinta a las anteriores. No solo por los ajustes metodológicos en curso, sino porque —si se repite lo observado al aplicar la propuesta de la Comisión Asesora para la Actualización de la Medición de la Pobreza a la Casen 2022— la pobreza por ingresos y la multidimensional podrían situarse en rangos similares (22,3% y 24,6%). Que ambas cifras converjan no significa que afecten a los mismos hogares, sino que ambos enfoques estarían capturando niveles comparables de privación en el país.

¿Por qué es relevante esto ante una posible convergencia entre las mediciones? Porque cuando dos enfoques distintos arrojan magnitudes similares, señalan que el país enfrenta niveles de precariedad económica y social de intensidad comparable. La pobreza por ingresos mide la capacidad de cubrir necesidades materiales básicas, mientras que la multidimensional capta privaciones en educación, cuidado, vivienda, entorno o trabajo. Que sus cifras se acerquen no implica describir a las mismas familias, sino que distintos tipos de limitaciones afectan a una parte significativa de la población y configuran un cuadro de vulnerabilidad más amplio.

Este escenario invita a revisar cómo Chile llegó a disponer de dos mediciones complementarias. Ya a fines de los 2000 se cuestionaba que la medición por ingresos no reflejara dimensiones esenciales del bienestar, como rezago educativo, precariedad laboral o déficits habitacionales. La discusión se profundizó tras la crisis metodológica de 2012, que obligó a revisar el marco estadístico. En ese contexto surgió la Comisión Asesora Presidencial para la Medición de la Pobreza, presidida por Rodrigo Jordán e integrada por especialistas de la academia, organismos internacionales y la sociedad civil. Su labor consolidó propuestas que venían gestándose desde años previos, incluida la definición de umbrales sociales de bienestar.

La recomendación principal —incorporar un índice de pobreza multidimensional (IPM) inspirado en el método propuesto por Sabina Alkire y James Foster— fue adoptada y perfeccionada entre 2014 y 2016 por una Mesa Técnica Interinstitucional encabezada por el Ministerio de Desarrollo Social, con participación del INE, CEPAL y la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford. Ese trabajo permitió definir dimensiones, ajustar indicadores y resolver vacíos de información. En 2015, Chile comenzó a reportar oficialmente el IPM, una medida que combinó rigor técnico, legitimidad política y validación social, diseñado para ser transparente y permitir modificaciones sin perder continuidad.

El aporte central de este proceso no fue solo el cambio metodológico, sino la capacidad institucional para mantener y fortalecer la medición en el tiempo. La multidimensionalidad se integró en un sistema estadístico que equilibra estabilidad con revisión periódica, permitiendo ajustar el IPM sin afectar la comparabilidad ni su principio central: identificar privaciones simultáneas que limitan las oportunidades de las personas. En esa misma lógica avanzan las recomendaciones de la Comisión Asesora 2023–2025, orientadas a reorganizar dimensiones, actualizar indicadores y redefinir umbrales con base en la evidencia acumulada. La validación de la Mesa Técnica a la mayoría de estos cambios confirma una institucionalidad capaz de incorporar mejoras sin comprometer la serie histórica.

De cara a la publicación de la Casen 2024, será especialmente relevante analizar cómo se relacionan ambas mediciones y qué aspectos del bienestar permiten identificar. No bastará con observar variaciones porcentuales: se requerirá interpretar cómo interactúan ingresos, oportunidades y condiciones de vida, qué desigualdades emergen de esa interacción y, sobre todo, identificar a los hogares que enfrentan desventajas acumuladas tanto en el plano económico como en otras dimensiones del bienestar. La eventual convergencia entre ambas mediciones no debe entenderse como una anomalía, sino como evidencia de un sistema de medición que ha madurado. Tras más de una década de aprendizajes y validación interinstitucional, Chile cuenta con un marco capaz de observar la pobreza desde distintos ángulos sin perder coherencia interna. Ese es un logro técnico, pero también político, porque demuestra que es posible construir diagnósticos compartidos incluso en contextos de mayor tensión social y electoral.

Por Dante Contreras, FEN, Universidad de Chile y Joaquín Prieto, Facultad de Gobierno, Universidad de Chile