Chile está en una encrucijada. Por tercer año consecutivo, el fobierno incumplirá la meta de balance estructural (BE) en 2025. Recordemos que esta fue modificada recientemente desde -1,1% a -1,6% del Producto Interno Bruto (PIB); sin embargo, a pesar de este mayor espacio, en el último Informe de Finanzas Públicas se reconoce que el BE llegaría a -2,2% del PIB, el doble de la meta original. Lo más probable es que la magnitud del déficit estructural sea incluso mayor a lo reconocido por la Dirección de Presupuestos (Dipres), toda vez que no se están tomando las acciones correctivas correspondientes.

Además, como advierte el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), existe el riesgo de que en 2026 tampoco se cumpla la meta, puesto que se anticipa un escenario exigente en materia de ingresos y contención del gasto. Esto no es un problema menor ni un desfase puntual: evidencia un patrón de deterioro de la disciplina fiscal, con impactos que trascienden a las cifras de corto plazo.

Durante esta administración se han sobreestimado sistemáticamente los ingresos fiscales, generando un espacio ficticio para mayor gasto público. Esto ha redundado en déficits mayores a los proyectados y espacios fiscales cada vez más estrechos, acercándonos peligrosamente al límite prudente de deuda de 45% del PIB. Dado que las proyecciones de ingresos se han construido sobre estimaciones previas erradas, la sobreestimación se ha ido traspasando de año en año, creciendo como una bola de nieve.

En lugar de corregir a la baja las proyecciones en el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, el gobierno supone que los ingresos estructurales crecerían 7,7% real el próximo año, pasando de representar el 22,1% al 23,3% del PIB. Lo más seguro es que estemos frente a una nueva sobreestimación de ingresos, en parte por error de arrastre y en parte por exceso de optimismo, como en la estimación de los ingresos provenientes de la ley de cumplimiento tributario. El Congreso puede discutir el gasto durante la tramitación presupuestaria, pero no tiene atribución para corregir los ingresos proyectados. Esa responsabilidad recae exclusivamente en el Ejecutivo.

El gobierno, en una movida políticamente astuta, pero fiscalmente riesgosa, en lugar de corregir el error y ajustar a la baja la proyección de ingresos, ha optado por implementar algunos ajustes llamativos como eliminar la glosa republicana, algunos programas o reducir el presupuesto de obras públicas. Esto genera ruido político y la impresión de que se está abordando el problema, pero en el fondo traspasan el costo del ajuste a la próxima administración.

La regla fiscal fue concebida precisamente para evitar que las decisiones de corto plazo comprometan la estabilidad futura. Incumplirla reiteradamente pone en serio riesgo nuestra credibilidad fiscal, lo que incide directamente en la confianza de los mercados, la calificación crediticia del país y la capacidad del Estado de responder ante contingencias. En un país pequeño y en vías de desarrollo, esta credibilidad puede marcar la diferencia entre un financiamiento con costo moderado y una escalada de tasas que ahogue a cualquier proyecto de desarrollo social y productivo.

Cuando los recursos públicos se destinan crecientemente al pago de intereses en lugar de políticas sociales o inversión, se reduce la capacidad de crecimiento futuro. Chile no puede darse el lujo de erosionar uno de sus principales activos: la credibilidad fiscal. Recuperar la disciplina no es solo una tarea contable, es una condición para sostener el desarrollo.

*La autora del columna es investigadora del Centro de Estudios Horizontal