La ministra de Seguridad Pública declaró la semana pasada que su misión es “recuperar el Estado de Derecho”. Sin dudas, la frase tiene fuerza retórica, pero corresponde examinar si el diagnóstico es correcto, esto es, si Chile dejó de ser un Estado de Derecho.

El Estado de Derecho es un sistema en el que tanto la ciudadanía como las autoridades están sujetos a la Constitución y a las leyes, existe separación de poderes con frenos y contrapesos y los derechos fundamentales están garantizados. Así, Estado de Derecho no es sinónimo de tranquilidad pública ni ausencia de delitos.

Bajo este concepto, Chile es claramente un Estado de Derecho. Sus instituciones funcionan, las leyes se aplican y las personas pueden demandar sus derechos ante los tribunales y obtener respuesta. Lo que estaría en dificultad es otra cosa: la eficacia del sistema en la persecución del delito, la capacidad coercitiva del Estado en ciertos territorios y la confianza ciudadana sobre el cumplimiento de las normas. Esto es un asunto de seguridad pública, grave y urgente, pero conceptualmente distinto de una crisis del Estado de Derecho.

Esta distinción no es un capricho académico. Tiene consecuencias prácticas sobre qué tipo de soluciones se consideran legítimas y urgentes. Si el problema es de seguridad, las respuestas pertinentes son más y mejor policía, persecución penal eficaz, políticas de prevención y rehabilitación, y coordinación interinstitucional. En cambio, si el problema es el Estado de Derecho, el repertorio de soluciones se amplía hacia medidas institucionales de excepción que alteran o prescinden de la separación de poderes o interfieren los órganos del Estado. Ninguna de ellas se cuenta entre las atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública ni de otra autoridad de gobierno.

Hay aquí una paradoja que vale la pena señalar. Algunas de las medidas que se justifican bajo los eslóganes exagerados son precisamente las que erosionan el Estado de Derecho en su sentido técnico. Un Estado que, en nombre del orden y la seguridad, aplica la ley selectivamente, vulnera derechos fundamentales, o trata a las personas como culpables antes de que un tribunal lo declare, no está fortaleciendo el Estado de Derecho, lo está debilitando.

Esto no significa que la seguridad sea un problema menor ni que el Estado deba abstenerse de actuar con energía frente a la criminalidad organizada. Significa que la energía del Estado debe ejercerse dentro de los límites que el Estado de Derecho impone, precisamente porque esos límites son su razón de ser.

El lenguaje político importa porque orienta la acción y fija los estándares con los que se evalúan los resultados. “Recuperar el Estado de Derecho” es una frase tan desafortunada como “Estado en quiebra”. Ambas dramatizan un diagnóstico que no es correcto para el problema que enfrentan. Usada como sinónimo de combatir la delincuencia, la primera no solo es imprecisa, sino que genera expectativas que ninguna política de seguridad puede satisfacer y abre la puerta a justificar, en nombre del Estado de Derecho, exactamente lo que lo amenaza.

Por Miriam Henríquez, decana Facultad de derecho, Universidad Alberto Hurtado