Por Jorge Sahd y Daniel Zovatto. Centro de Estudios Internacionales UC

La jornada de caos y violencia que vivió Río el pasado martes —con al menos 121 muertos, entre ellos cuatro agentes policiales, 113 detenidos y un despliegue de 2.500 efectivos— constituye una trágica confirmación de lo que advertimos en enero de este año en nuestro Informe de Riesgo Político América Latina 2025: el crimen organizado se ha convertido en el principal riesgo político de la región.

El operativo tenía como objetivo capturar a Edgar Alves de Andrade, alias Doca, jefe del Comando Vermelho (CV), el segundo grupo criminal más poderoso de Brasil y el principal de Río de Janeiro. Sin embargo, lo que comenzó como una operación de contención derivó rápidamente en enfrentamientos más propios de un conflicto armado que de una acción policial. El propio Alves de Andrade logró escapar, y crece el temor de represalias. De momento, reina una tensa calma en la ciudad, con fuerte presencia policial en las calles y controles fronterizos reforzados con los países vecinos.

Se trató de la operación policial más grande en la historia de Río de Janeiro y de la peor masacre registrada en Brasil. El hecho fue duramente cuestionado por organismos de derechos humanos, que exigieron una investigación exhaustiva sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. La magnitud de la violencia se produce, además, a pocas semanas de la COP30, que Brasil organizará en Belém, bajo la mirada internacional.

En este contexto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomó distancia del operativo, condenando la brutalidad policial, subrayando que su gobierno no había recibido ninguna solicitud de apoyo federal y recordando que la seguridad pública es competencia de los gobiernos estaduales. La controversia ha agudizado la tensión entre ambos niveles de gobierno y reabierto el debate sobre qué modelo de seguridad debe adoptar Brasil, una cuestión que promete ser central en la campaña de las elecciones de 2026, en las que Lula buscará su reelección.

Poderes paralelos

El Comando Vermelho (CV) y su rival, el Primer Comando de la Capital (PCC), son solo la punta del iceberg de una tendencia que se expande por América Latina: el crimen organizado ha dejado de ser un fenómeno delictivo para convertirse en uno político. En numerosos países, estos grupos controlan territorios, dictan normas, imparten “justicia”, cobran “impuestos” (extorsiones) y sustituyen al Estado en la provisión de orden, evidenciando la profunda erosión del monopolio estatal de la fuerza y el surgimiento de verdaderos poderes paralelos que compiten con las instituciones legítimas.

Estas organizaciones combinan narcotráfico, contrabando, extorsión, trata de personas y formas de “gobernanza criminal”: mediación de conflictos, castigos, seguridad privada y control social. Ya no son bandas improvisadas, sino estructuras empresariales del crimen, con jerarquías, franquicias, contabilidad y presencia transnacional, dotadas de una creciente sofisticación militar y tecnológica.

Chile no es ajeno a este tema. Con una tasa de 6 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2024, según InSight Crime, y una percepción de inseguridad que ha aumentado significativamente los últimos años, el tema se ha vuelto central en la campaña presidencial de este año.

Paradoja y efectos negativos

América Latina exhibe una paradoja alarmante: mientras mantiene bajos niveles de conflicto entre Estados, registra una de las violencias internas más altas del mundo. En 2024, más de 121.000 personas fueron asesinadas, con una tasa promedio de 20,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi cuatro veces el promedio global. Esta violencia no se explica solo por la desigualdad o la pobreza, sino por una disputa directa por el control territorial y las rentas ilícitas frente a Estados débiles o capturados por intereses criminales.

El crimen organizado amenaza no solo la seguridad ciudadana, sino también la gobernabilidad democrática, la competitividad económica y la imagen internacional de la región. Erosiona la legitimidad del Estado, fractura el tejido social con miedo y extorsión, e infiltra sus recursos en la política y las campañas electorales. El resultado es un círculo vicioso de descomposición institucional: Estados sin control territorial, policías cooptadas, justicia amenazada y sociedades atrapadas entre la violencia y la impunidad. Una metástasis que, según el BID, puede reducir hasta en un 3,4% el crecimiento económico anual de los países.

Reflexión final

La tragedia de Río no es un hecho aislado, sino el reflejo de una amenaza que atraviesa toda América Latina: el crimen organizado como el principal riesgo político y la mayor amenaza a la gobernanza democrática. Hoy, el poder ya no se disputa únicamente en las urnas o dentro de las instituciones, sino también en las calles y barrios donde el Estado retrocede frente a mafias con control territorial, recursos ilimitados y creciente capacidad de cooptación institucional.

Las democracias latinoamericanas se encuentran ante una encrucijada histórica. O logran responder a esta amenaza con políticas integrales, eficaces y sostenidas —que articulen seguridad, inteligencia, justicia social e inclusión económica, bajo un respeto irrestricto a los derechos humanos y al Estado de derecho—, o la región continuará atrapada en un círculo vicioso de violencia urbana que corroe su legitimidad, fragmenta su tejido social y pone en serio riesgo su futuro democrático.