Cuando un fanático de la música se queda sin entradas para el concierto de su artista favorito, no tiene más opción que buscar un revendedor, sin saber si esta persona es confiable o si los tickets son auténticos. Algo similar ocurre cuando una persona necesita un microcrédito y el banco le dice que, por su perfil, no califica. En simple, el banco considera que es demasiado riesgoso en comparación con lo que le puede cobrar. ¿Y por qué no le cobra más? Porque no puede. La ley estableció el interés máximo permitido a través de la tasa máxima convencional (TMC).

A esta persona no le quedará más opción que acudir al crédito informal, como esos prestamistas ilegales tan famosos en estos días. Probablemente, uno de ellos estará dispuesto a atenderlo, pero cobrándole una tasa de interés usurera y con la probabilidad de ser víctima de violentas prácticas de cobranza si algo sale mal.

Lo paradójico de esto, es que la TMC fue creada para evitar cobros abusivos, pero cuando se fija demasiado baja, como sucedió el 2013, termina sacando del sistema a personas que después pagan mucho más y ponen en riesgo su vida. La reducción de la TMC no eliminó ni el deseo ni la necesidad de financiamiento, sino que estas personas quedaron desatendidas luego que las instituciones financieras no pudieron ajustar suficientemente sus tasas para compensar los riesgos asociados a estos segmentos.

Según estudios de organismos como la SBIF, la CMF y el Banco Central, alrededor de 200 mil personas y pequeñas empresas, principalmente las de menores ingresos, quedaron fuera del sistema tras esta disminución. Incluso un estudio de la UTEM y otro de Athenalab indican que buena parte de esta demanda insatisfecha migró hacia el crédito informal, donde las condiciones son desfavorables y, en muchos casos, se vinculan a redes de crimen organizado.

Esta experiencia se alinea con lo que concluye el Banco Mundial en uno de sus informes: solo la mitad de los países del mundo utiliza el instrumento de TMC, y en aquellos donde se aplica, se recomienda hacerlo con prudencia, justamente para evitar que una regulación excesiva excluya a los sectores más vulnerables del acceso al crédito formal.

Así, similar al concierto, quienes no logran comprar al precio oficial, además de pagar un precio más alto, pasan susto comprando en la calle. Entonces, discutir la existencia o el nivel de la TMC ya no es solamente un tema técnico, sino materia de seguridad pública. Y en este sentido, los políticos y legisladores tienen a mano una herramienta que les permitiría erosionar el negocio al crimen organizado y traer de vuelta a los cientos de miles de personas que la TMC sacó, sin querer, del sistema financiero formal.

*El autor de la columna es economista y exsubsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño