El 27 de octubre el ya exministro de Energía Diego Pardow se convirtió en la novena autoridad del gobierno de Gabriel Boric en ser acusado constitucionalmente por la oposición. Una ofensiva activada tras un error en las tarifas de la luz que encendió el escenario electoral y que hoy tiene al otrora secretario de Estado al borde de la destitución.

¿Por qué un error en el decreto tarifario no es una falta como ministro?

Hay una confusión respecto de cómo es el diseño institucional en materia de mercados regulados donde hay frenos y contrapesos en lo que puede hacer una autoridad política y una primacía de las decisiones técnicas. Lo que hace es chequear que los pasos procedimentales para llegar a una decisión técnica estén bien dados, pero la decisión sobre cuál es el precio de la energía en un momento determinado es una decisión que tiene que ser técnica. Erosionar esos principios, a pretexto de tratar de ganar una acusación constitucional, es muy mal precedente y es algo que yo creo que va a tener malas consecuencias a futuro.

¿Por la injerencia política en materias técnicas?

El ejemplo que a mí me gusta usar es: en distintos países del mundo, cada cierto tiempo surge una autoridad política que no le gustan los datos de desempleo o que no le gustan los datos de inflación. Estos en nuestro país normalmente son calculados por agencias regulatorias independientes. En el caso del índice de precios al consumidor es calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Te imaginas tú al ministro de Economía que no le gusta el IPC? Es bueno que nuestra institucionalidad sea más robusta y tenga los frenos y contrapesos que evitan que las autoridades políticas puedan hacer este tipo de cosas.

¿En qué momento se entera del error en el decreto tarifario y qué medidas toma?

Me entero en una reunión que tenemos con la Comisión Nacional de Energía el 4 de septiembre. En esta primera instancia, el dimensionamiento del problema todavía no estaba claro. Se sabía que esto era un problema arrastrado, pero no se tenía claridad de cuántos decretos hacia atrás habían tenido este problema, ni en qué magnitud. Así que lo que hicimos es diseñar la misma estrategia que ocurrió en otras crisis que me tocó enfrentar: tener un diagnóstico claro, una estrategia de solución y después vienen ya sea las responsabilidades personales o los cambios institucionales. Mandatamos a la Comisión Nacional de Energía que si necesitaba ayuda de nuestro personal o si necesitaba refuerzos, que lo hiciera y que en coordinación con nuestros equipos técnicos se dimensionara la magnitud del problema y se explorara en estrategias de solución y se volvieran a calcular las tarifas.

El 16 de octubre se produce su salida del Ministerio. ¿Cuál era el estado de situación?

Un día anterior o dos días antes se había realizado el informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía, que ya establecía esta disminución de un 2% promedio nacional en las tarifas. Que era la implementación de la solución para corregir estas distorsiones.

¿Qué razones invoca el Presidente para pedirle la renuncia?

Los cargos de exclusiva confianza del Presidente, en particular los ministros de Estado son parte de los recursos políticos que se utilizan en una crisis de opinión pública para manejarlo. El Presidente fue muy transparente en aquello y lo entendí en el mismo momento que me lo dijo. Si tu salida es una forma de contener una crisis de opinión pública, es parte del trabajo.

Lo que trascendió es que la razón fue que usted no comunicó la información que supo el 4 de septiembre…

Lo que él me planteó es que esto era parte de una estrategia política usual para enfrentar una crisis de opinión pública…

Se escucha como un sacrificio…

Bueno, pero es parte del trabajo. Nosotros ya habíamos pasado tres crisis: el apagón de febrero, los temporales de agosto y la primera etapa del descongelamiento de las tarifas. En todas ellas nuestra estrategia fue muy parecida. Tener un diagnóstico claro y empezar a implementar una salida con los recursos políticos propios de Energía y posteriormente coordinarse con los equipos de gobierno una vez que la solución ya estaba encaminada.

¿Por qué ahora fue distinta la evaluación del gobierno?

Los recursos políticos propios no fueron suficientes y en ese caso, evidentemente, hay un error político de haber seguido el libreto con el que habíamos enfrentado las crisis anteriores, en vez de entender que quizá esta era un poco distinta por el contexto electoral y por el impacto del tema de las cuentas de la luz. Pero ese error político no constituye una infracción de la Constitución, la ley o los procedimientos administrativos porque todo se hizo siguiendo un apego estricto a nuestra institucionalidad. No se puede acusar constitucionalmente a un ministro porque no le gusta cómo se coordinó con el resto del gabinete.

Eso nos lleva al otro capítulo de la acusación, que es aquel que señala que omitió información en el caso de Transelec que a fines del 2024 comunicó voluntariamente al Ministerio, a la Comisión Nacional de Energía y al coordinador, el error en la metodología del cálculo en las tarifas de la luz…

Este capítulo de la acusación es derechamente falso en tres capas distintas. La primera que hubo ocultamiento de información; la segunda que durante un año no se hizo absolutamente nada y la tercera, la cronología que establecen.

Vamos una a una..

La primera auditoría a Transelec para determinar la procedencia de la sanción cuando el umbral de sobrevaloración es superior al 10% se ordena 20 días después de la primera reunión. Hay cerca de mil páginas entre correspondencia, estudios y análisis. Lo segundo, que es falso, es decir que aquí se ha ocultado información ya que estos tres procedimientos administrativos son de acceso público, cualquiera puede acceder a ellos. La correspondencia del Coordinador Eléctrico Nacional y la correspondencia de la Comisión Nacional de Energía son públicas. Se puede acceder a ellas y -respecto a la cronología- entre la reunión de finales de octubre y de alguna manera el anuncio de las nuevas tarifas que van a regir a partir de enero hay casi un año. Sí, pero también es importante tener en cuenta que, en esa primera reunión, lo que dice Transelec es ‘tengo este problema, no sé cuál es su dimensión y, por lo tanto, no sé cuál es su impacto tarifario y estoy disponible a que encontremos una manera de revisarlo lo antes posible’.

Lo que se plantea como lo público es que lo sepa la ciudadanía…

Cuando uno tiene un caso de este tipo creo que la responsabilidad pública te exige ser muy riguroso en seguir los procedimientos administrativos establecidos en la ley y muy prudente en la comunicación pública que se hace respecto de estas cosas. Yo traté de serlo.

¿Se arrepiente de no haber comunicado derechamente esa información que tuvo a fines del 2024?

Desde mi propia reflexión, si yo tengo que ponderar la responsabilidad política individual y la responsabilidad patrimonial del Estado una vez que yo me he ido, siempre voy a privilegiar lo segundo, porque creo que es parte de la responsabilidad que exige este cargo.

Un tira y afloja de este proceso ha sido el factor electoral. ¿Le parece que es distinto que se vote después de las elecciones de este domingo?

De hecho, creo que uno de los invitados previos, Domingo Lovera y también Sergio Verdugo en sus trabajos académicos hablan de la posibilidad de que existiera una veda de acusaciones constitucionales antes de las elecciones, precisamente porque los incentivos para ponderar la evidencia y considerar los efectos que tienen como precedente no son los correctos.

Es decir, es distinto que se vote ahora, poselecciones.

Claro que sí.

Ocho de sus excompañeros de gabinete han sido objeto de acusaciones constitucionales durante este gobierno. Esta acusación parece ser un poco distinta porque se han sumado voces oficialistas. ¿Por qué no ha existido un cierre de filas?

Las autoridades sujetas a reelección, en el momento antes de la elección, están preocupadas de su campaña y es natural. Aquí estamos hablando de que la contestación tiene más de 100 páginas y los documentos acompañados son cerca de 1.000. Además de eso, nosotros hemos solicitado algunas diligencias probatorias. Entonces, obviamente, va a necesitar tiempo. O sea, le vamos a solicitar que destinen tiempo los diputados a la hora de ponderar la acusación. Eso es mucho más fácil después de la elección.

Otra diferencia que se estableció en esta acusación constitucional es el respaldo que ha tenido del gobierno, muy activo. ¿No quedó dolido con el gobierno por irse? ¿Agradece que aquí haya respaldo político?

Yo solo tengo agradecimiento respecto a la confianza que tuvo el Presidente conmigo cuando me nombró.

Se dice también que usted es un ministro atípico en la lógica que este periodo ha sido un paréntesis en su vida pública, que lo que desea es volver a la vida académica…

Cuando el Presidente me invitó a tratar de ponerle el hombro a estos desafíos siempre estuve dispuesto, pero mi trayectoria es la trayectoria de un profesor universitario. Estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, desde el 2008 soy docente y para mí sería muy doloroso no poder volver a retomar mis labores académicas en ese lugar, porque además creo que sería sobre la base de una acusación injusta que equivoca cómo funcionan las instituciones y donde el segundo capítulo es falso. Obviamente, hay un sentimiento de injusticia respecto de algo que en lo afectivo obviamente importa.

Jeannette Jara, la candidata oficialista, fue su compañera de gabinete, y ha sido dura en este caso. ¿También hay un factor electoral?

Ella manifestó que habría solicitado mi renuncia inmediatamente y me parece que eso es legítimo.

¿No le duele aunque haya sido su compañera de gabinete hace poco?

Una cosa es el trabajo y otra cosa son los afectos, especialmente en un momento electoral donde se está en una campaña presidencial donde su trabajo es mostrarle a los chilenos el tipo de liderazgo que ella espera construir y me parece legítimo. No tengo ningún resentimiento.

El gobierno ha señalado que la responsabilidad política de un ministro se paga al momento de su dimisión. Pero no tuvieron el mismo parámetro en el caso del exministro Andrés Chadwick durante el estallido social…

Yo no participé en esa discusión, pero creo que si alguien en la oposición consideró que eso era injusto, ¿qué sentido tiene reiterar la injusticia cuatro años después? Déjeme poner el siguiente ejemplo. Cuando a Susana Jiménez le toca implementar la política de medidores inteligentes que había sido diseñada en el gobierno anterior, se producen errores de diseño comunicacional, de implementación, de manejo de opinión pública que derivan en su salida. Me acuerdo porque como profesor universitario siempre me pareció que era muy injusto y en la medida de mis posibilidades, si revisan mi historial y mi participación incluso en programas de televisión, traté de defender esa política porque me parecía que era una política que era necesaria para nuestro país. Hoy nuestra sociedad está peor sin medidores inteligentes. Espero que la reflexión que haya de esto es que estas trincheras parece que tienen sentido en el momento en que se están haciendo, pero en verdad no lo tienen. Para resolver los problemas de la ciudadanía lo que necesitamos son acuerdos razonablemente transversales y que sean consistentes en el tiempo.

Le pide una cosa bien difícil a la oposición, poner la otra mejilla…

Bueno, pero es que eso es consistente con lo que ha sido mi propia trayectoria.