Se acaban los secretos con las criptomonedas. El 1 de julio comienza a regir en Chile la “Regla de Viaje” o “Travel Rule”, como se conoce en el mundo a la norma que obliga a las plataformas de activos virtuales a identificar al emisor y receptor de criptos en cada transacción por US$1.000 o más.

La medida tiene al mercado trabajando a toda máquina para crear la nueva estructura que obliga a generar la norma, como los sistemas de registro y alertas, sistemas de verificación para el control de movimientos de fondos, protocolos de intercambio de información, entre otros. Mientras, en foros y redes sociales los usuarios comentan que todo esto podría acabar con una de las características más valoradas de las criptomonedas, junto a su hasta ahora impresionante rentabilidad: su altísima privacidad, que fue lo que dio pie a estas regulaciones.

En Europa, la aplicación de la Travel Rule comenzó a fines de 2024, acorde con los lineamientos internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo intergubernamental internacional que establece estándares y medidas para reforzar la prevención y detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Según datos del sitio de criptos TripleA, de Singapur, unas 500 mil personas en Chile han invertido en criptomonedas. Otros informes sostienen que el 9% de la población tendría este tipo de activos en el país.

Convergencia

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile fijó para el segundo semestre de este año la entrada en vigor de la norma para las criptomonedas y otros activos digitales.

La medida tiene a los actores del mercado preocupados, por la alta complejidad técnica que requiere su implementación. En Buda.com, la plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Santiago y operaciones en varios países de América Latina, advierten que el ecosistema actual presenta una fragmentación tecnológica considerable y un desajuste de compatibilidad entre redes, “lo que dificulta alcanzar una interoperabilidad efectiva y universal en el corto plazo”, alerta el cofundador y CEO de la firma Jaime Bünzli, a Pulso. “Representa un desafío global aún en evolución”, añade.

La firma acudió a fines de abril a la UAF a plantear el problema. En una reunión con el jefe de la división jurídica de la institución, Marcelo Contreras, otro de los fundadores de Buda.com, Guillermo Torrealba, y la gerenta de compliance, María Jesús Bustamante, manifestaron que el 1 de julio era un plazo “extremadamente acotado” para poder implementar de manera adecuada la disposición.

Consultada por Pulso, la firma sostiene que “desde Buda.com estamos comprometidos con avanzar en la implementación de estas exigencias, y, al mismo tiempo, nos preocupa profundamente garantizar que el impacto en la experiencia de nuestros usuarios sea el menor posible. Es clave que las soluciones que se adopten no terminen empujando a las personas hacia plataformas no reguladas o menos seguras”.

Bünzli agrega que las experiencias internacionales siguen en fase de ajuste, por lo que quizás recién en los próximos años el mercado llegue a un consenso en la consolidación de estándares y buenas prácticas. “Chile tiene una gran oportunidad de aprender de esas experiencias y construir un marco regulatorio robusto, pero también pragmático, realista y gradual frente a los desafíos tecnológicos, permitiendo a los actores del ecosistema adaptarse sin afectar la innovación ni la inclusión financiera”, señala.

Una “luca verde”

En los foros de criptos que existen en Telegram y otras redes sociales, las dos medidas más comentadas de la Regla de Viaje han sido la obligación de identificar emisor y receptor para operaciones superiores a US$ 1.000, y los nuevos requisitos de información.

Para Fabián Fiori de Olivera, empresario e inversionista en criptoactivos, es “positivo que se busque dar más transparencia y seguridad al ecosistema. Si queremos que las criptos se integren de verdad al sistema financiero tradicional, es lógico que tengan que cumplir ciertas normas. Pero también me preocupa la pérdida de privacidad. Muchas personas entraron al mundo cripto justamente por el anonimato, y esto va en la dirección contraria”.

La Travel Rule obliga a los proveedores de servicios de criptoactivos a recopilar y compartir información detallada sobre sus clientes, incluyendo nombre completo, dirección e información relativa al origen de los fondos, cada vez que las transacciones equivalgan o superen los US$1.000.

Las normas del 1 de junio

A mediados de marzo, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dictó la Circular N° 62, donde sistematizó toda la normativa vigente desde su creación e incorporó nuevas obligaciones para sus regulados: el sistema financiero, casas de cambio, agencias de aduana, casinos, casas de remates, conservadores de bienes raíces, corredores de propiedades, notarios y automotoras, entre otros.

Entre las nuevas obligaciones, y que entrarán en vigor el 1 de junio -un mes antes que la norma de las criptos-, figuran la obligación de reportar operaciones sospechosas y en efectivo por más de US$10.000, actualizar los listados de personas expuestas políticamente (PEP), contar con Manual de Prevención y Detección de delitos, y capacitar a todos sus colaboradores una vez al año, entre otros.