La cercanía de las Fiestas Patrias no detiene la agenda internacional del gerente general de Camanchaca, Ricardo García. El ejecutivo estuvo la semana pasada en Madrid, participando en el Chile Day, luego viajó a Noruega y posteriormente se trasladaba a Washington.

Camanchaca, fundada por el empresario Jorge Fernández Valdés, cuenta con más de seis décadas de historia, exportando productos del mar a más de 50 países. En 2024 la empresa registró ingresos por US$ 813 millones, repartidos entre sus tres áreas de negocios: pesca, salmonicultura y mitílidos.

La compañía está en pie de guerra contra la Ley de Fraccionamiento Pesquero que impulsó el gobierno y que se aprobó recientemente en el Congreso, y la cual incrementa las cuotas de captura para el sector artesanal en desmedro del industrial.

Aunque García no entrega una cifra exacta del daño que asegura esta les provocará, advierte que “el perjuicio será sustancial”. Y detalla, en conversación con Pulso: “Solo tomando como ejemplo el caso del jurel en la zona centro-sur, y asumiendo que las cuotas del próximo año sean iguales a las de este año, estamos hablando de más de 25 mil toneladas que esta ley le quitó al sector industrial para entregárselas a otro grupo, no muy numeroso, de grandes pescadores artesanales o semi-industriales”.

En ese contexto, la empresa prepara una demanda contra el Fisco de Chile. García señala que la estrategia legal está siendo diseñada por el abogado litigante Jorge Bofill, socio del estudio Bofill Escobar Silva. Y revela que además sumaron al economista Patricio Arrau, socio de Gerens Consultores, a quien se le encargó un informe para cuantificar los efectos, los que según García comenzarán a sentirse en 2026. Esto, debido a que será en diciembre cuando la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur(OROP-PS) entregue su recomendación sobre la cuota de jurel para el año siguiente.

“Si uno mira los precios a los que se han adjudicado cuotas internacionales por una sola vez, podríamos estar hablando de perjuicios de entre US$8 millones y US$10 millones por año”, anticipa.

“La Ley de Fraccionamiento vino acompañada de un arancel cercano al 30% sobre las importaciones de jurel extranjero. Al imponer un arancel alto, importas menos. Eso significa que países como China, Rusia o los europeos van a capturar más jurel en aguas internacionales, mientras nosotros, dentro de nuestra zona económica exclusiva, vamos a pescar menos”, dice García.

“Tendremos menos jurel para procesar, haremos menos conservas, menos producto congelado. La consecuencia es una reducción en la actividad nacional”, añade.

Por otro lado, el ejecutivo cuestiona el resultado de la negociación del gobierno con Estados Unidos, luego de que el presidente Trump impusiera de manera unilateral aranceles de 10% a las importaciones chilenas, entre ellas, las de salmón. García afirma: “Una buena negociación del gobierno habría mantenido los aranceles en 0%, como lo dice el Tratado de Libre Comercio (TLC)”.

Salmones: remover obstáculos

Consultado sobre las medidas que debiera impulsar el próximo gobierno para la pesca, manifiesta que “espero que nos dejen tranquilos y nos permitan seguir trabajando. Hemos estado distraídos con iniciativas de carácter confiscatorio promovidas por este gobierno, y que terminaron materializándose con la Ley de Fraccionamiento”.

En el caso de la salmonicultura, plantea, “esperaría que el próximo gobierno avance en dos grandes líneas. Primero, remover obstáculos, trabas y costos que la regulación ha venido imponiendo al sector sin generar ningún beneficio real, salvo para ciertos grupos muy minoritarios, como ambientalistas radicales o ideológicamente contrarios a la actividad privada”.

También indica que la próxima administración debería presentar una nueva ley, una especie de ley agrícola del mar, que defina el desarrollo de la acuicultura en los próximos 25 años.

“En Chile estamos paralizados, sin un rumbo claro. No hay una visión de país para esta actividad, que no solo es clave para el sur, sino que también puede contribuir significativamente a enfrentar uno de los mayores desafíos globales: el cambio climático”.

¿Cree que hay una mirada ideológica en la actual administración, en contra del desarrollo de las industrias salmonera y pesquera?

-Tendría que meterme en la mente de los funcionarios para saber si su conducta responde al populismo, a una ideología ambientalista radical, o a una postura política contraria al desarrollo de la actividad privada. No lo sé. Cualquiera de esas tres explicaciones podría ser válida. Pero lo cierto es que han tenido una actitud claramente contraria al desarrollo de la pesca industrial y de la salmonicultura. Las razones específicas, solo ellos las saben.

¿Deben volver a agilizarse las relocalizaciones?

-Más que volver a activarlas, hay que activarlas de verdad. El tema de las fusiones y relocalizaciones lleva más de 15 años contemplado en la ley, pero no ha avanzado. Con las concesiones actuales, o incluso con menos concesiones, podríamos producir 50% más de salmones en los próximos 10 a 15 años. Hay un potencial enorme de crecimiento si logramos ordenar territorialmente la actividad de forma adecuada.

Eso sí, ese ordenamiento territorial debe hacerse con respeto. Respeto a quienes llegamos primero a estos territorios, a quienes hemos desarrollado la actividad por décadas. Muchos de los obstáculos actuales vienen de intereses económicos de grupos pequeños, que han adquirido una vocería muy posterior a la instalación de la salmonicultura.

¿A qué grupos o sectores se refiere, por ejemplo?

-Me refiero a algunos pequeños grupos de pueblos originarios que han demandado grandes extensiones de espacios marítimos y costeros a través de las conocidas EMCPO. Son solicitudes absolutamente desproporcionadas y abusivas, que no consideran ni la historia ni la realidad productiva de estos territorios.

¿Les han paralizado inversiones por esa vía?

-No necesariamente las han paralizado del todo, pero sí han limitado el crecimiento, el desarrollo y la eficiencia. Cuando no puedes hacer relocalizaciones o fusiones para tener espacios más amplios, concesiones más grandes, más distanciadas unas de otras, y ubicadas en posiciones con mejores condiciones ambientales —como corrientes adecuadas, menor exposición a floraciones algales, entre otros—, estás perdiendo oportunidades de mejorar el desempeño de la industria. Incluso estás dejando pasar mejoras ambientales relevantes que podrían lograrse con una mejor ubicación de los centros de cultivo.