Gendarmería sancionó al exgerente general de Patio, Álvaro Jalaff Sanz, con la prohibición de recibir visitas durante siete días en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber. Así consta en la Resolución Interna N° 21 del penal, fechada el 23 de julio de 2025 y firmada por el alcaide Ramón Riquelme. La medida disciplinaria se extiende entre el 24 y el 30 de julio y fue informada mediante un oficio dirigido al 7º Juzgado de Garantía de Santiago.

Jalaff se encuentra en prisión preventiva desde marzo y enfrenta cargos por delitos económicos. La Fiscalía Metropolitana Oriente lo acusa de emitir facturas falsas para evadir impuestos, entregar información falsa en operaciones financieras —lo que infringe la Ley de Mercado de Valores—, lavar activos mediante la ocultación de fondos ilícitos y sobornar a funcionarios públicos para obtener beneficios indebidos.

Durante julio, prestó declaración ante el Ministerio Público en cinco oportunidades: los días 4, 8, 11, 14 y 15. Además, el fiscal Felipe Orellana solicitó una nueva declaración para el 15 de julio, aunque este testimonio no figura en la última versión de la carpeta investigativa.

Al regresar desde la Fiscalía al penal el 15 de julio, a las 14:40 horas, el cabo 1º Óscar Villa denunció que Jalaff “le habría faltado el respeto, utilizando palabras inadecuadas”.

El documento de Gendarmería también consigna que funcionarios del Grupo Especial de Traslado (GET), el cabo 2º Jinter Vásquez y el gendarme 2º Germán Ibarra, reportaron “inconvenientes” y “faltas de respeto” por parte de los abogados del empresario, Álvaro Morales y Hugo Rivera.

Según el oficio firmado por el alcaide, ambos abogados “se refirieron con palabras textules tales como: ‘¿Qué te crees, huevón? No estamos en la época medieval’, junto a otros comentarios despectivos incluidos en una declaración adjunta".

El alcaide sostuvo que lo ocurrido infringe el artículo 79 letra A del Decreto Supremo N° 518, al denigrar e insultar a funcionarios penitenciarios, judiciales, defensores públicos, fiscales y otras autoridades. Por ello, y de acuerdo al artículo 87 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, resolvió aplicar la sanción disciplinaria de prohibición de visitas por siete días a Álvaro Jalaff.

Fuentes consultadas señalaron que el incidente ocurrió en las oficinas de la Fiscalía, cuando los abogados de Jalaff solicitaron a los funcionarios de Gendarmería que retiraran las esposas de pies y manos a su cliente, tal como se había hecho en declaraciones anteriores.

Sin embargo, los funcionarios se negaron, argumentando que solo lo harían si existía una orden médica o una instrucción judicial expresa. El episodio se produjo poco después de hacerse pública la liberación, por un eror aún bajo investigación, del imputado por el sicariato del denominado Rey de Meiggs.

Según relataron quienes conocieron el episodio, Jalaff tenía complicaciones, debido a las esposas, para escribir o beber agua, lo que produjo el intercambio verbal entre la defensa del empresario y los funcionarios de Gendarmería.

Declaraciones

En su declaración del 14 de julio, Álvaro Jalaff reiteró que no tiene “ninguna responsabilidad penal, como lo ha sostenido y fundamentado mi defensa”, frente a los presuntos delitos que le imputa el Ministerio Público.

“Una de mis principales preocupaciones durante el primer semestre del año 2023 fue que la cuenta que tenía con Factop estuviera cuadrada, de manera que existiera claridad para todos respecto de cuánto me habían prestado ellos y cuánto les había pagado yo, ya que en las conversaciones que tenía con Daniel y Ariel (Sauer), ellos no terminaban de ser claros, lo que después asocié al hecho de que Factop había emitido cientos, sino miles, de facturas, sin que yo o SIBO lo supiéramos, utilizando el procedimiento del triple click”, señaló. SIBO era una empresa de contabilidad que era de propiedad de Jalaff y en la que participaba el contador Marcelo Medina.

Reformalización

La serie de declaraciones que ha llevado adelante Jalaff, y el incidente en el reingreso al penal, se produce a sólo semanas que el Ministerio Público reformalice a un grupo de imputados del denominado caso Factop. A petición de la Fiscalía, la magistrada del 4º Juzgado de Garantía de Santiago, Francis Fell, fijó para el 26 de agosto la audiencia de reformalización de cargos en el denominado caso Factop.

La solicitud fue presentada por el fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Juan Pablo Araya, y afecta a 14 imputados por su presunta responsabilidad en los hechos investigados.

Entre ellos figuran los socios de Factop: los hermanos Daniel y Ariel Sauer, su padre Alberto Sauer Rosenwasser y Rodrigo Topelberg. También será reformalizado el exgerente general de la corredora STF, Luis Flores. A ellos se suman los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff Sanz, exsocios de Grupo Patio, junto al exgerente general del conglomerado inmobiliario, Cristian Menichetti.

Asimismo, están citados los abogados Luis Hermosilla, Darío Cuadra y Leonarda Villalobos, además del esposo de esta última, Luis Angulo. Completan la lista los exfuncionarios públicos Eduardo Robles (Tesorería General de la República) y Patricio Mejías (Servicio de Impuestos Internos).