El sector pesquero y empresarial han rechazado la discusión de la nueva ley de pesca y de fraccionamiento pesquero que lleva adelante el Ejecutivo y hoy se está tramitando en el Congreso, y que tiene por objetivo definir las nuevas cuotas de extracción entre el sector industrial y artesanal, entre otros temas. El proyecto de fraccionamiento hoy está en comisión mixta.

El sector privado acusa a la iniciativa de ser expropiatoria, poner en riesgo su operación y afectar la imagen de Chile como lugar para hacer negocios, entre otros lamentos.

Ante este contexto, Landes decidió ir a la justicia antes que la ley de fraccionamiento salga a la luz. Ante el 26º Juzgado Civil de Santiago, la empresa pesquera presentó una acción judicial en contra del Estado de Chile, “en la que solicita la exhibición de documentos clave y que deberían ser soporte para la tramitación de los proyectos de nueva ley de pesca y fraccionamiento pesquero, actualmente en discusión final en el Congreso”, detalló la firma en un comunicado.

La firma también destacó su acción como la primera acción judicial de las empresas pesqueras contra el proyecto del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Sobre el objetivo de la medida, la firma busca que “se detallen los antecedentes que justificaron calificar la actual legislación como ilegítima e ilegal, ingresando un nuevo proyecto de ley que se discute en el Congreso”.

“De confirmarse que el proceso legislativo careció de fundamentos técnicos, financieros y jurídicos, Landes planea interponer una acción de nulidad y una demanda indemnizatoria contra el Estado por los efectos de la radical modificación del fraccionamiento pesquero, particularmente en la pesquería del jurel”, explicó la empresa.

La firma también comentó que la solicitud de antecedentes se basa en que, según su opinión, no existe legalidad de la discusión, porque “se habría omitido de forma deliberada la elaboración de informes técnicos, financieros y de impacto regulatorio, documentos exigidos por la normativa vigente para asegurar la legalidad y constitucionalidad de todo proyecto de ley”.

“Se tramitó una expropiación encubierta para evitar pagar las indemnizaciones que a las que Landes y otros actores del mercado tienen derecho, lo que a su vez contraviene la norma actual y las licencias transables de pesca vigentes, modificándose así sustancialmente las reglas del juego”, estimó la firma.

Andrés Fosk Belan, gerente general de Landes, afirma que “la nueva legislación pesquera que impulsa el Ejecutivo es una lápida para una empresa como la nuestra, que emplea en Talcahuano, Región del Biobío, a más de 600 personas en un rubro clave para el desarrollo del país”.

“Más grave aún, golpea el bienestar de cientos de familias empujando iniciativas que violan la Constitución y afectan derechos patrimoniales desarrollados en más de 70 años de inversiones y trabajo empresarial”, agregó.

Por su parte, David Cademartori Gamboa, abogado socio de Barros & Errázuriz, oficina que tramita la acción de Landes, sostiene que “observamos con mucha preocupación cómo acá se incumplieron las reglas fijadas para una correcta discusión legislativa, en la que se ponderen todos los intereses: por una parte, los derechos adquiridos de las empresas, y por otro, el cuidado de los recursos. Desde el minuto uno esto no se ha dado y lo que hemos visto, como se denomina en jerga constitucional, es una suerte de contrabando legislativo”.