Una serie de nuevas recomendaciones entregó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en la presentación de su informe que analiza el Presupuesto 2026 y la actualización del escenario fiscal 2025.

Entre las principales está el transparentar los supuestos utilizados para proyectar la deuda bruta en la programación de mediano plazo, incluyendo información más detallada de los otros requerimientos de capital. “Esto resulta indispensable para evaluar de forma completa la sostenibilidad fiscal”, indicó.

Otra apunta a que se deben adoptar reducciones de gasto corriente adicionales, de rápida ejecución, durante lo que resta del año, con el objetivo de minimizar el desvío respecto de la meta.

Una tercera recomendación es que “cualquier respuesta ante una eventual superación del umbral de deuda debe centrarse en ajustes fiscales y no en una flexibilización de las metas fiscales”. En ese contexto, señaló que “en el corto plazo eso exige medidas de contención y eficiencia del gasto, mientras que en una mirada de mediano y largo plazo resulta igualmente relevante fortalecer la eficiencia de la recaudación y fomentar una mayor capacidad de crecimiento económico”.

Otra medida es que se debe monitorear, en sus distintos componentes, la ejecución del servicio de la deuda por deuda flotante, ya que a agosto de 2025 asciende a US$ 2.611 millones, una cifra elevada en comparación al mismo periodo de 2024 (US$1.747 millones). De acuerdo con el clasificador presupuestario establecido por el Decreto de Hacienda N°854 de 2004, la deuda flotante corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario anterior.

También planteó que “de no aprobarse los ingresos provenientes de la recuperación de saldos no rendidos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), incluidos como ingreso transitorio mediante una norma del articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos 2026, debiese ajustarse a la baja la proyección de ingresos para 2026 en el mismo monto por un criterio prudencial”.

Además, el CFA instó al gobierno a “considerar con cautela el alza de ingresos estructurales en 0,6% del PIB en 2026 por las estimaciones de los parámetros estructurales, por razones de prudencia, y realizar una revisión de las metodologías utilizadas para estimar el PIB no minero tendencial y los ajustes cíclicos de los ingresos fiscales”.

Propuso acotar las causas extraordinarias en relación con desvíos de metas de balance estructural en el reglamento que debe dictarse conforme a lo mandatado por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Junto a ello, llamó a precisar aspectos sobre la naturaleza de las medidas correctivas y su rendición de cuentas, asegurando que estas sean aplicables e implementadas por parte del Poder Ejecutivo.

En el informe reiteró recomendaciones que ha planteado en informes anteriores. Una de ellas es la necesidad de que una próxima administración mantenga el nivel prudente de deuda de 45% del PIB como referencia fiscal permanente, y evitar su modificación frente a un eventual acercamiento o sobrepaso.

Otra apunta a que “los eventuales ajustes debiesen recaer mayoritariamente en gasto corriente y no en gasto de capital, dado que este último incide en la capacidad de crecimiento de la economía”.